Los actos de corrupción que ocurren en la administración pública no se combaten efectivamente porque en el país prevalece la cultura de la impunidad y la clase política se protege gobierno tras gobierno, afirmó el politólogo Pedro Catrain.

Otro elemento que posibilita esa deficiente aplicación de la justicia es la debilidad de los tribunales dominicanos, que no tiene capacidad para procesar la corrupción pública, aseguró Catrain al referirse al estudio realizado por Participación Ciudadana sobre las acciones dolosas en las esferas gubernamentales.

En ese sentido, cuestionó que el Consejo Nacional de la Magistratura esté fundamentalmente controlado por políticos, por lo que entiende que no existe una verdadera autonomía del sector judicial.

En el estudio Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la República Dominicana, 1983-2003, se establece que de 227 expedientes sometidos a la justicia en los últimos 20 años, sólo uno tuvo condena definitiva.

Para sustentar sus argumentaciones explicó que en el gobierno del ex presidente Leonel Fernández se creó el Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO) y, sin embargo, su director, Pedro Justo Castellanos, renunció públicamente por contradicciones con el gobierno.

«En este período del presidente Hipólito Mejía la corrupción ha estado a la orden del día, pero tampoco han habido sometimientos efectivos. Inclusive, se denunció que hay funcionarios del gobierno vinculados al narcotráfico, pero no se ha iniciado ningún tipo de investigación», destacó.

Para enfrentar esa situación consideró conveniente la creación de un estatuto de autonomía para el Ministerio Público, porque como dependiente del Poder Ejecutivo, no iniciará ninguna acción en contra de funcionarios del gobierno de turno.

Sin embargo, Catrain no tiene la esperanza de que, por el momento, ese panorama cambie porque la sociedad dominicana se encuentra sin alternativas.

«Podría haber un cambio de gobierno, pero no creo que en términos estructurales hayan reformas profundas y mucho menos en la lucha contra la corrupción, porque esta no atañe solamente a los políticos, ya que la sociedad la premia, y es un hecho que la impunidad nos complace».

Respecto a la crisis del sector bancario y su vinculación con el deterioro institucional, advertido por Elena Brineman, directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), Catrain expresó que los fraudes cometidos en el Banco Intercontinental (BANINTER) salpicaron los poderes políticos y hasta a la iglesia Católica, pero no hubo ninguna investigación profunda.

En el 2003 tres importantes bancos del país (BANINTER, Banco Nacional de Crédito y Banco Mercantil) tuvieron problemas financieros a causa de supuestas operaciones fraudulentas. Solamente los principales ejecutivos de BANINTER, Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Coco y Vivian Lubrano de Castillo, fueron apresados y sometidos a la justicia, aunque posteriormente obtuvieron libertad bajo fianza.

«En la crisis del sector bancario hubo complicidad entre poderes públicos y privados por esa cultura de la impunidad y la corrupción, porque esta sociedad no tiene sanciones morales contra hechos de esa naturaleza, hemos llegado a una situación en la cual los valores éticos no tienen ningún sentido», manifestó.

Como consecuencia de eso, el país entrará en un proceso gradual de deterioro de las instituciones y de la vida pública.