La Paz (EFE).- El buque insignia del presidente de Bolivia, Evo Morales, la nacionalización de los hidrocarburos, está en riesgo por la incapacidad y las irregularidades de la petrolera estatal YPFB, según medios locales y fuentes diplomáticas.

Esa empresa que debía liderar la nacionalización fue acusada -en julio por la Superintendencia de Hidrocarburos y anoche por el ministerio del ramo- de violar el decreto dictado por Morales en mayo, al suscribir un contrato con una intermediaria para exportar crudo a Brasil.

Las últimas semanas han sido negras para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y para su presidente, Jorge Alvarado, pues hubo más denuncias de corrupción y se anunció que esa empresa es incapaz de asumir el monopolio de los hidrocarburos que le otorgó, sobre el papel, aquel decreto.

“El tema hidrocarburífero nos está dando muchos dolores de cabeza”, reconoció hoy el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y añadió que el gobierno no tiene gente preparada para desmadejar la “telaraña” de los contratos que hay que renegociar con las multinacionales.

Diputados de la oposición y diarios locales han pedido que Alvarado renuncie o sea despedido cuanto antes, pero Morales dice que esperará a conocer el veredicto de las instancias judiciales que investigan el caso.

El portavoz presidencial, Alex Contreras, consultado hoy sobre qué hará el Gobierno ahora que el Ministerio de Hidrocarburos confirmó que YPFB violó la nacionalización, respondió que Alvarado tiene diez días para responder a las acusaciones y que se esperará hasta entonces.

Contreras repitió la denuncia de Morales de que todo responde a un complot de intereses internos e internacionales para detener la nacionalización. Qué poder tiene el presidente de YPFB sobre el primer mandatario como para que, a pesar de todas las irregularidades denunciadas, siga afectando la imagen de la estatal petrolera?”, preguntó el diario local La Prensa el lunes en su editorial.

Además de Alvarado, ha sido denunciado el principal asesor de YPFB, Manuel Morales, porque una consultora con la que está relacionado indirectamente su padre, del mismo nombre, recibió un contrato para auditar inversiones de la brasileña Petrobras.

Tanto Alvarado como su asesor niegan las acusaciones, mientras que el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, primero respaldo al presidente de YPFB pero luego se apartó de él.

En paralelo con las denuncias de corrupción, el 1 de agosto el Ministerio de Hidrocarburos anuló dos resoluciones dictadas apenas cuatro días antes, que daban a YPFB el control absoluto de la comercialización del petróleo, el gas y otros derivados, en Bolivia y para la exportación.

Soliz explicó entonces que anuló las resoluciones porque YPFB no tiene los recursos necesarios para asumir esa tarea, que calculó en 180 millones de dólares.

YPFB tampoco ha conseguido la mitad más una de las acciones de varias petroleras mixtas re-nacionalizadas, entre ellas las filiales de la hispano-argentina Repsol YPF y de Petrobrás, a pesar de que así lo indica también el decreto.

Las negociaciones con esas y otras multinacionales están en punto muerto cuando ya han pasado casi cuatro de los seis meses de plazo que fijó el decreto de mayo para que firmen nuevos contratos con el Estado, si quieren quedarse en Bolivia.

“El Gobierno dice que las empresas petroleras están perjudicando el avance de la nacionalización. Como mensaje político y movilizador quizá la denuncia tenga sentido, pero mirándola bien es un absurdo”, opina el analista político Humberto Vacaflor, columnista del diario paceño La Razón.

Vacaflor agrega que Morales falló en el método de la nacionalización, o que incluso puede ser erróneo llamarla así, porque “la revolución está pendiente de las chequeras de las petroleras”, que no pagarán nada a YPFB hasta que el Gobierno las indemnice.

“El carácter de esta ‘nacionalización’ -según el analista- fue captado también por el soldador paulista que es presidente de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva dijo hace un mes que Petrobrás estaba esperando que el gobierno boliviano le pague la indemnización que le corresponde por sus activos, para irse”.