Hablemos de Educación. No como una moda, algo ocasional y pasajero, sino como lo que es: cuestión vital, insoslayable, donde descansa el porvenir y el desarrollo de los pueblos. Los problemas surgidos, ancestrales, complejos, se canalizan  a través de un sistema que no ha resultado eficiente. ¿Por qué? Se me ocurre partir, para acercarme a un análisis valorativo, de dos normativas esenciales, perfectamente armónicas: la normativa social y la normativa política, poder delegado, que no deberían estar divorciadas, en perenne conflicto, por ser interdependientes y complementarias. La primera, de carácter enunciativo, plantea  necesidades, aspiraciones, querencias. La segunda, de carácter ejecutivo, la firme determinación de hacer o de no hacer, de acuerdo con su visión y posibilidades.

A nivel gubernamental, el instrumento esencial para conciliar estas dos normativas es el presupuesto, definido por Pedro Muñoz Amato, como “un plan de acción expresado en términos financieros.” Más que eso, un instrumento de control y coordinación, que debe estar íntimamente vinculado a las prioridades del Estado de acuerdo con la Constitución. Un programa que  expresa claramente los propósitos y objetivos del gobierno, el método, los recursos, financieros y humanos, y la organización para implementarlo.

El ordenamiento de las prioridades de la nación y los recursos. Formulado de manera sistémica, racional, no como capricho de gobernantes, respondiendo a un interés personal. Sí a necesidades reales, urgentes,  impostergables, recogidas en un plan  estratégico, la Planificación, de más vasto alcance, abarcadora, coherente, políticamente consensuada  con los sectores productivos de la sociedad civil que constituyen la realidad económica-social fundamental, orientada hacia la superación de los graves problemas a más largo plazo: educación, salud y demás servicios públicos, la producción nacional, la preservación de los recursos naturales y ecosistema que conduzca y determine una sociedad más sana y equitativa, sin  exclusiones abismales de  mundos desiguales que se desconocen, de riquezas y pobreza extremas.   

Si  las normativas sociales y  políticas no se corresponden o no existe una voluntad política inequívoca que favorezca las necesidades, aspiraciones y querencias de la nación, surgirán los conflictos, de menor a mayor escala: denuncias, protestas, conflagración,  represión. Ingobernabilidad.

¿Cuál es el papel de la sociedad civil y del gobierno, para evitar este último estado de cosas indeseable que puede derivar en el caos o en la dictadura?  De la sociedad civil, que no aspira a gobernar sino a ser bien gobernada,  operar como mecanismo de presión, sin temor y al amparo de la ley, aportando propuestas y soluciones, empujando, haciéndose sentir, civilizadamente, pacíficamente.  Del gobierno,  tener oídos atentos, ser tolerante, receptivo a sus  planteamientos, y responder al pueblo. Unirse en un solo bloque, en una sola dirección: ver a la sociedad como su aliada, no su enemiga, y  avanzar con ella hacia un futuro más promisorio.

Esa es la esperanza, que no cuaja con el quítate tú, que lo has hecho pésimamente, para ponerme yo y seguir en las mismas. El cambio tiene que ser  sistémico, más radical, no electorero. Los instrumentos están en manos del soberano. Pero hay que empezar, sin retraso,  por la Educación de calidad, en todos los niveles. Moral y cívica.