En mi condición de Presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, fui invitado a un evento del Woodrow Wilson Center en Washington, en el que se tratarían los alcances del acuerdo de libre comercio DR-CAFTA.

Congresistas de Centroamérica y República Dominicana analizaríamos durante dos días, con expertos, legisladores y funcionarios norteamericanos, ese trascendental asunto. El mismo venía discutiéndose con Centroamérica por cerca de 8 años, y a República Dominicana se le permitiría adherirse con apenas tres rondas de negociaciones apresuradas.

Fue muy ameno e ilustrativo el intercambio con los colegas de Centroamérica, pero para mí el que sostuvimos con los estadounidenses fue especialmente revelador. Uno de ellos -creo que fue el representante Walter Wheeler- agradeció a la delegación dominicana que integraba junto al colega Cruz Pichardo, del PRD, por “los compromisos asumidos por República Dominicana con Haití”. Como esa mención me causaba extrañeza le pedí una explicación: le dije que me sorprendía que en un evento realizado para explicar los acuerdos comerciales entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, se estuviera hablando de compromisos con Haití. Se dio cuenta que nosotros no estábamos en el secreto y hábilmente evadió responder nuestra inquietud. De todos modos le puntualicé a los presentes que no me parecía apropiado que se entremezclaran las relaciones con Haití con un acuerdo de esta índole, y me atreví a decirle incluso que si alguien lo había hecho no estaba representando los intereses dominicanos.

Después de ese encuentro empecé a recordar lo que un político dominicano, muy importante y muy informado, me había dicho sobre una reunión que sostuvieron en el marco de la Cumbre de las Américas en Quebec los presidentes Mejía y Aristide con el presidente Bush. Dicho encuentro lo habría facilitado la gestión de Carlos Andrés Pérez y Luis Álvarez Renta a través de Bush padre, y tenía por finalidad que el Presidente de Estados Unidos conociera una propuesta conjunta dominico-haitiana.

Como tenía muchas dudas sobre lo concertado en el DR-CAFTA con relación a Haití, aproveché la visita al Congreso Nacional del representante comercial de los Estados Unidos a nivel mundial, el señor Robert Zoellick, para preguntarle en forma puntual sobre el particular. Con mucha amabilidad y franqueza poco más o menos me dijo: “Cuando los Estados Unidos consintieron que República Dominicana se adhiriera a un tratado que tenía años discutiéndose, lo hizo tomando en cuenta todo lo que los dominicanos podían hacer por Haití.” Evidentemente, se trataba de un quid pro quo. Ese acuerdo, que no estaba consignado en la letra del DR-CAFTA, se concretaría con un esquema de integración fronteriza binacional.

Como Haití se beneficia de una ley muy flexible y generosa -Ley Hope-, que permite acceso de su producción exportable a EEUU sin restricciones, las actividades más simples e intensivas en mano de obra se desarrollarían allá y los procesos más complejos aquí, en lo que sería un esquema de beneficio mutuo, que por demás y para mayor seguridad se desarrollaría fundamentalmente a lo largo -y a ambos lados- de la frontera domínico-haitiana. Se ponderó hasta la posibilidad de afectar el pago de la deuda externa de ambos países a proyectos fronterizos binacionales.

Unos meses después de la visita del señor Zoellick, se efectuó un seminario taller para legisladores en el Hotel Embajador. Ahí aproveché mis intervenciones para formular las preocupaciones que tenía con relación a vincular, aun fuese indirectamente, el acuerdo DR-CAFTA con Haití. Expresé, entre otras muchas reservas, que aunque era cierto que algunos sectores productivos podían quedar expuestos o perjudicados si no nos adheríamos al DR-CAFTA, en ningún caso podíamos perder de vista las implicaciones geopolíticas que tenía esa negociación. Advertí específicamente que las concesiones que EEUU podía hacer en materia comercial en un tratado de libre comercio iban a obligarnos a compromisos muy difíciles de asumir en una serie de áreas. Además, no podíamos perder de vista que en cierta manera estábamos reforzando la posibilidad de que se instrumentalizara el comercio como un recurso blando de poder, para imponernos la visión estadounidense en materias tan sensibles como migración, derechos laborales, derechos humanos, nacionalidad, etc.

La Secretaria de Industria y Comercio, Sonia Guzmán, que precisamente llegaba al evento mientras exponía mis inquietudes, me respondió con gran amabilidad, y sinceridad, aclarándome que no fueron los norteamericanos los que metieron la baza de Haití en las negociaciones sino los negociadores dominicanos. Argüía que si ya teníamos en gran modo la carga de la crisis crónica de Haití, por lo menos deberíamos obtener algunas ventajas.

Como en ese momento reiteré mis reservas, y había una delegación de los Estados Unidos presente, los norteamericanos, que saben cuidar las formas, me invitaron tiempo después a un encuentro/almuerzo con dos representantes del Departamento de Estado y el flamante Embajador en Francia, Luis Álvarez Renta, que había sido el ideólogo y ejecutor de esa visión binacional, ya que había logrado la confianza y el apoyo de los dos presidentes de la isla. Fue un duelo dialéctico entre dos visiones muy distintas y contrapuestas.

Desde mediados de la década de los 80, tras la caída de la dictadura de los Duvalier, Gerald La Tortue y el prominente abogado Luis Heredia Bonetti, muy vinculado a la inversión extranjera, empezaron a perfilar la isla de Santo Domingo como espacio unificado para la inversión y el comercio. Con este último, con quien siempre mantuve una cordial y respetuosa amistad, hablé sobre los reparos que tenía frente a ese enfoque, que desde el lado empresarial podía tener algún sentido, pero que si no tomaba en cuenta las dimensiones claves de la institucionalidad estatal, las acentuadas asimetrías y los intereses geopolíticos que se mueven en el trasfondo, estaría irremisiblemente condenada al fracaso. En conversaciones que sostuve con él, tiempo después, me pareció que había entendido la validez de estas prevenciones.

Tengo que reconocer que Luis Álvarez Renta, en su condición de asesor del alto empresariado, a la vez que gran amigo y consejero de los presidentes Mejía y Aristide, tuvo “las agallas” de proponer e impulsar esa visión a planos nunca alcanzados. En ese entonces cuestioné, como lo hago ahora, ese enfoque sobre la binacionalidad insular por entender que resulta naïf, insuficiente, contraproducente, incluso hasta peligroso.

Desde hace años vengo advirtiendo que Haití nos plantea el mayor de los desafíos: la crisis del estado fallido. Total, abrumadora, muy difícil de superar. La Comunidad internacional lo conoce hasta la saciedad, y en vez de asumir los costos y el compromiso de una solución maximalista, estratégica, responsable, de reconstrucción de las bases de esa desdichada nación, ha preferido buscar una fórmula minimalista de solución insular a expensas de República Dominicana, dado que esta viene asumiendo el rol de estado pivote, cediendo a las presiones y manipulaciones imperialistas.

En esa reunión advertí, como lo he hecho en todos los escenarios en los que he tenido oportunidad de expresar mi punto de vista, que la República Dominicana debía asumir ese dato geopolítico de Haití como estado fallido con todas las implicaciones y consecuencias, a la hora de formular y ejecutar su política exterior e interior. Proyectos de desarrollo a ambos lados de la frontera, dentro de un esquema de binacionalidad, equivalen a tratar a un paciente con cáncer agresivo con un placebo, y lo que es peor aún, a reforzar la expectativa de que existe solución dominicana.

Ningún estado en el mundo tiene más interés en la estabilidad, seguridad y eventual prosperidad de Haití que la República Dominicana: es el estado que más expuesto se encuentra a los efectos desestabilizadores de la crisis de viabilidad de su vecino.

Pero es evidente que los haitianos, que han perdido la capacidad de autogobierno, no podrán salir por sí solos de esa crisis: Si no existiera una prohibición de que los Estados miembros de Naciones Unidas puedan ser sometidos a fideicomisos, Haití sería candidato a serlo, ya que reúne objetivamente todas las condiciones. Por eso la política de República Dominicana en el campo exterior debe ser proactiva, propositiva, agresiva, buscando el involucramiento serio, sostenido y efectivo de la comunidad internacional, muy particularmente de los países que más pueden y deben. Sin embargo, ese lineamiento fundamental de su política exterior no será creíble si no viene acompañado de unos corolarios bien claros y creíbles.

República Dominicana no debe pretender ejercer hegemonía, tutela, o injerencia en el estado vecino, por más estímulos que reciba para hacerlo. Tampoco puede aceptar solución dominicana a los problemas haitianos. En ese sentido, debe recordar que ya ha asumido con creces su cuota de responsabilidad y sacrificio. En cambio, debe ser insistente demandando un esquema de co-responsabilidad: si la comunidad internacional se repliega o minimiza su compromiso, República Dominicana debe hacer lo mismo. Si el liderazgo haitiano no asume sus responsabilidades con su propio pueblo, y en cambio pretende traspasarlas a República Dominicana, como lo está demostrando en el presente, debe ser disuadido de no hacerlo con acciones puntuales y contundentes. Todos los actores internacionales deben saber que eso no es posible, que tendría consecuencias en todos los órdenes de las relaciones insulares y regionales, sin importar los riesgos.

La cuestión de los haitianos con vínculos estrechos con la sociedad dominicana es una variable dependiente del problema mayor, y en ese contexto debe ser analizada. Las políticas de naturalización del estado dominicano deben prevenir el surgimiento de una minoría nacional. Por tanto, la nacionalidad debe otorgarse restrictivamente, procurando que haya niveles adecuados de integración nacional y asimilación cultural o aculturación.

Pero todos estos enunciados no tendrán ninguna credibilidad si no son respaldados por una política interior congruente y consistente, que debe abarcar áreas tan diversas y retadoras como el sistema integral de control fronterizo, o muro, con 5 pasos, hasta la reforma de los sectores agropecuario y de la construcción; desde el cumplimiento cabal de las normas de nacionalización del trabajo hasta el uso intensivo de los prefabricados; desde las restricciones de los visados hasta el desarrollo y repoblamiento de las comunidades fronterizas alrededor de la energía, la minería, la agricultura y el turismo.

Por estos planteamientos, en una sobremesa ácida y tirante, fui acusado por Luis Álvarez Renta de chauvinista, patriotero, extremista. Los hechos lamentables que siguieron a ese encuentro me dieron la razón. Los dos países entraron en crisis internas muy profundas que por tener vasos comunicantes devinieron en crisis internacional. El jaque mate al gobierno del presidente Aristide, elegido democráticamente por los haitianos, fue ejecutado desde República Dominicana por Guy Philippe y Jodel Chamblain con el respaldo del gobierno del presidente Mejía, y la incitación y beneplácito de los Estado Unidos de Norteamérica.

Al concluir este testimonio, debo expresar que ha sido escrito con el ánimo de que se aprendan las lecciones y se produzcan las rectificaciones; de no cambiarse el enfoque estratégico con que vienen gestionándose las relaciones con Haití y la Comunidad Internacional, habrá desestabilización en toda la isla y se turbara gravemente la región del Caribe.

Cuando Winston Churchill fue llamado a dirigir Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, después del fracaso estrepitoso de la política miope de apaciguamiento del premier Chamberlain, fue sabio y prudente cuando procurando la unidad nacional dijo: “si el presente juzga al pasado perderemos el porvenir”. Sin embargo, aquí y ahora podemos decir, “si en el presente no corregimos los errores del pasado, perderemos el futuro”.