Una comisión de la Cámara de Diputados que estudió el contrato de compraventa de las acciones de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) a la empresa Advent Airport Dominicana, recomendó  en su informe  que se realizara una investigación especial  sobre esa transacción por entender que era perjudicial al interés nacional.

Sin embargo, el informe de la Cámara de Diputados, presentado en septiembre del  2009 nunca fue conocido en el hemiciclo ni debatido en los medios de comunicación, apesar de que la comisión responsable advirtió que la negociación violaba el contrato original de concesión que consignaba que “ningún tipo de transformación o venta puede hacerse sin el consentimiento del Estado dominicano y sin la aprobación del Congreso”.

Miguel Angel Simón y Juan Castellanos, voceros de la Asociación de Tiendas de Zonas Francas ofrecieron detalles sobre el contenido  del informe, donde entre otras cosas, se exigía el pago del impuesto sobre la renta por ganancia de capital en una operación de compra y venta que envolvió un monto cercano a los mil millones de dólares, de acuerdo a los datos evaluados por la comisión.

La recomendación de los legisladores planteaba  “exigir el pago de la totalidad del impuesto sobre la renta dejado de percibir hasta la fecha, más las penalizaciones y mora por el tiempo transcurrido desde el momento en que se generó la obligación tributaria y se hiciera exigible la misma, amparado en la auditoría que hiciera en su momento la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones  sobre la inversión  realizada por parte de los accionistas originales de Aerodom hasta la fecha de la venta de sus acciones”.

“Somos de opinión que  los accionistas originales de la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, son sujetos obligados al pago de impuesto sobre la renta por concepto de ganancia de capital, producto de la venta de sus acciones, las cuales se pudieron capitalizar gracias al sacrificio fiscal del Estado Dominicano, y mediante la aprobación congresual, hiciera para desarrollar y mejorar un servicio público, no para favorecer a personas físicas o jurídicas en particular, pues el espíritu de toda exención o facilidad  que pueda brindar el Estado  está orientada a favorecer iniciativas y proyectos que puedan beneficiar a la sociedad”, expresa legislativo.

La comisión de legisladores  fue presidida  por el diputado Lidio Cadet, quien nunca se ha referido públicamente  al tema  y quien se habría disgustado por la forma como se suspendió  el conocimiento del informe, que no fue aprobado ni rechazado, simplemente archivado.

Simón y Castellanos indicaron que la Asociación de Tiendas de Zonas Francas  ha solicitado   que el Senado  de la República retome el informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados para que se establezcan  las razones por las cuales Aerodom no ha cumplido sus obligaciones contractuales y ha utilizado  métodos ilegales e ilegítimos para tratar de quebrar  a  los operadores de tiendas de zonas francas y expulsarlos de las terminales bajo su administración.

“También hemos  sugerido   que el Congreso investigue los aumentos de las tasas aeroportuarias  aplicados por Aerodom, que han contribuido a elevar considerablemente los costos de viaje desde y hacia la República Dominicana, afectando seriamente la industria turística nacional.

Tras señalar que Aerodom se ha colocado por encima del  Estado de Derecho, la Asociación afirma que la actual  concesión no resiste una auditoria por parte del Estado Dominicano. 

Agregan que lo poco que ha hecho el consorcio extranjero es con el  flujo de caja de los últimos once años.

La cifra

1.000 millones de dólares.  Una cifra aproximada mente  a ese monto  envolvió  el contrato de compraventa de las acciones de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) a la empresa Advent Airport Dominicana. Esto es según los datos de la comisión de la Cámara de Diputados que estudió el contrato y cuyo   informe, presentado en septiembre del  2009, nunca fue conocido en el hemiciclo.