El Ministerio Público continúa este martes con la lectura de la acusación en el juicio preliminar que se sigue en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, y los demás acusados de incurrir en corrupción administrativa en el expediente de la Operación Medusa.

Durante la audiencia pasada, el órgano persecutor dijo ante el juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que de los RD$6,000 millones con que Rodríguez habría estafado al Estado a través del Plan de Humanización de las cárceles del país, más de RD$1,667 millones destinados al suministro de alimentos para los internos serían usados para beneficiar diez empresas de amigos y relacionados que también actuaron de manera fraudulenta.

Indicó que los montos pagados a esas empresas y que en total ascienden a DOP$ 1,667, 559, 889.00, estarían debidamente documentados en 1,109 expedientes que son aportados como prueba en contra de los encartados en proceso.

Entre la empresas están -según el MP- Inversiones Zwaziland, SRL, con 317 contratos; Getrant del Caribe, SRL, con 151; Comercial Viaros, SRL, con 140; Rogama, SRL, 98; La Parasata Mercantil, SRL, 90; Distribuidora Ropi, SRL, 89; Herrajes Rachel, SRL, 87; Divamor Group, SRL, 57; F&F Ezel Import, SRL, con 51; y Ropalma, SRL con 29.

Detalles del caso Medusa

El ex procurador general, Jean Alain Rodríguez Sánchez, es acusado de dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.

El expediente de la Operación Medusa, además de Rodríguez, involucra a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.

Igualmente, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.

Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.

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