Encartados caso Odebrecht se quejan por notificaciones

Encartados caso Odebrecht  se quejan por notificaciones

Jesús Vásquez Martínez.

Trece días después de de que el Ministerio Público depositó la acusación por el caso por Odebrecht, dos de los encartados se quejaron de las dificultades encontradas en la Procuraduría General (PGR) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para poder ejercer su derecho de defensa de manera efectiva y oportuna.
Jesús (Chu) Vásquez, el último de los encartados por el Ministerio Público en el expediente, y Juan Roberto Rodríguez, afirmaron a través de sus abogados, que eso los pone en desventaja frente a los demás imputados, la mayoría de los cuales ya depositó sus escritos y ofertas probatorias.
Espera pruebas y notificación. El exsenador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirmó que todavía está a la espera de que la PGR le remita la totalidad de los elementos de pruebas reunidos en su contra durante la investigación del caso Odebrecht, las cuales ha solicitado mediante instancia en tres oportunidades, la última ayer, y poder preparar su escrito de peticiones y oferta probatoria.
Agregó que tampoco ha recibido en su domicilio procesal (despacho profesional de sus abogados), la convocatoria a audiencia preliminar, con la notificación de la acusación con todos los documentos de prueba, que debe hacerle la Secretaría del Juzgado de Instrucción Especial de la SCJ, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 298 y 299 del Código Procesal Penal (CPP).
La defensa de Vásquez, integrada por por los juristas Jorge Luis Polanco Rodríguez, Manuel Conde Cabrera y Jorge Antonio López Hilario, advirtieron que dada toda esa situación, el cómputo del plazo para el depósito de su escrito de defensa, incidentes, excepciones y presentación de pruebas con relación a su defendido, ni ha iniciado.
SCJ viola Código Procesal Penal. Similar queja tiene el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), quien dijo le fue notificada la acusación, pero sin la advertencia ni la indicación del plazo de ley para realizar los plazos procesales correspondientes que forman parte del ejercicio del derecho de defensa que le asiste.
Sus abogados, Claudio Stephen-Castillo y Francisco Campos, afirmaron que esa omisión viola el artículo 142 del Código Procesal Penal (CPP), el cual dispone que las notificaciones y los actos que requieren una intervención de las partes o terceros, se notifican de conformidad con las normas practicadas y dictadas por la SCJ.
Agregan que estas deben asegurar que las notificaciones se hagan a la brevedad y ajustadas a los siguientes principios: “1- Que transmitan con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la actividad requerida y las condiciones o plazos para su cumplimiento; 2- Que contengan los elementos necesarios para asegurar la defensa y el ejercicio de los derechos y facultades de las partes; 3- Que adviertan suficientemente al imputado o a la víctima, según el caso, cuando el ejercicio de un derecho está sujeto a plazo o condición”.
La defensa de Rodríguez refirió que la acusación presentada por el procurador general el 7 de este mes le fue notificada a su cliente el día 9 mediante acto de alguacil número 485-18, instrumentado por el ministerial Angel Rafael Pujols Beltré de la SCJ, pero que la referida notificación no cumple con el anterior precepto legal.
Solicitan plazo. En una instancia elevada el 15 de este mes al juez de la instrucción Especial, Francisco Ortega, los abogados de Rodríguez le solicitan la concesión de un plazo de 10 días hábiles para completar la defensa técnica de su cliente.
Esto, señalando que no obstante no haber empezado a correr el plazo procesal para depositar el escrito, y de su intento infructuoso de contestar la acusación y depositar los documentos que sustentan su teoría del caso, el plazo le ha resultado insuficiente.
Los que han depositado. De los siete encartados en el caso de los US$92 millones de sobornos pagados por el consorcio brasileño en el país, solo han depositado su escrito y oferta probatoria, Angel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Andrés Bautista.
El senador peledeísta Tommy Galán, quien tiene como abogados a José Ricardo Taveras y Guarionex Ventura, lo haría esta misma semana.
Del coimputado Conrado Pittaluga no se sabe.

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