Los gestos y expresiones de buena voluntad de los distintos sectores del país, no son suficientes ante la grave crisis en que desaprensivos, enemigos de la paz y el orden, nos han metido con la alteración de los equipos electrónicos a utilizarse en las fallidas elecciones municipales del pasado domingo.
Al discurso conciliador y oportuno del presidente de la República, Danilo Medina, le faltó instruir a los organismos de inteligencia del Estado para que investigaran y establecieran responsabilidades en una acción que, por sus implicaciones, puede desestabilizar la paz que disfruta el país.
Aunque con manifiesto desencanto, la población ha recibido con plausible madurez y tranquilidad el percance sufrido por un proceso electoral cuyo resultado está intrínsecamente ligado a lo que habrán de ser las elecciones presidenciales y congresuales del mes de mayo venidero.
Esa apatía puede variar en la medida en que las autoridades locales, auxiliadas por los organismos internaciones como la OEA y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), puedan aclarar la situación prevaleciente.
El sabotaje al proceso electoral automatizado puede conllevar penas de hasta 30 años de cárcel si se acude a la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología debido a que la ley 15-19 de Régimen Electoral, “coincidencialmente,” no prevé ninguna sanción contra este tipo de crimen.
El pueblo está a la expectativa ante los resultados de las investigaciones que habrán de realizarse para encontrar y sancionar a los responsables de ese atentado contra la democracia. De esos resultados, dependerá el futuro inmediato de las elecciones de marzo y mayo, y la paz del país.