Hoy 
POR FERNANDO QUIROZ
La Cámara de Cuentas sometió a la Fiscalía del Distrito Nacional a trece ex funcionarios y contratistas tras hacer auditoría en la que encontró irregularidades en la construcción del Aeropuerto Internacional La Isabela (AILI), que perjudican al Estado con RD$137,389,627.50 y US$61,838.84.
El experticio abarcó el período del primero de abril de 1999 a marzo del 2004, comprendiendo los meses finales del primer gobierno de Leonel Fernández y la gestión del presidente Hipólito Mejía. En la construcción de esta obra el Estado invirtió RD$957,566,621.07 y US$4,784,524.90.
Entre los sometidos figuran ex funcionarios de Obras Públicas del área administrativa, financiera y de supervisión de obras.
La Cámara de Cuentas mediante el oficio 001444 del pasado día 14, apoderó a la Fiscalía para que determine la responsabilidad de Manuel Inoa Liranzo, José Manuel Hernández Reyes, Richard Orlando Martínez, José Depool Dominici.
También, de Francisco Leonor Carbuccia, Carmen Xiomara Bautista, Wilson Leger Carrasco, Teddy Miguel Cruz López, Pedro José Hernández García, Héctor Darío Jiménez Gómez, Luis Jhonson, Bienvenido Abreu y Luciano Inoa.
En la construcción de esa obra, señala el informe, se perjudicó el patrimonio del Estado en diversas formas, como son el pago superiores al real valor de las obras realizadas, pagos en dólares hechos en forma indebida y pagos de créditos ficticios.
También, descuentos del porcentaje de supervisión menor que el establecido, exceso en el pago de los terrenos y permutas a favor de particulares, pagos realizados por concepto de seguros y fianzas no contratados.
La auditoría la firman Máximo Castillo Salas, presidente de la Cámara de Cuentas; Héctor Dotel Matos, vicepresidente; Mario Alba Morillo, secretario; Katiuska Bobea de Brenes; Junior Danés Moya, Vicente Rosario de Jesús, Rafael Victorio Espinal, Orígines De O»leo Ramírez y Rafael Montilla Martínez.
«Que en el caso de la especie, ha resultado afectado el patrimonio público por acciones dolosas, encaminadas a obtener beneficios colaterales del resultado de las mismas, que podrían comprometer la responsabilidad penal de los involucrados», expresa un considerando. El estudio consta en seis páginas, con 23 considerandos.
Dijo que el siete de febrero del 2001, el Estado y la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) firmaron un «addendum» al contrato de concesión aeroportuaria del siete de julio del año 1999. Además, de un «addendum» del 22 de octubre del 1999, ampliando a favor de AERODOM las concesiones de aeropuertos internacionales para incluir a El Catey, de Samaná, y El Higüero, de La Isabela, Distrito Nacional.
La construcción del AILI fue iniciada en abril del 1999 por el gobierno a través de la secretaría de Obras Públicas con la finalidad de trasladar las operaciones que se realizan en el aeropuerto de Herrera para satisfacer el aumento de la demanda de tráfico aéreo.
El pleno de la Cámara Cuentas, mediante la resolución 10-04, expresa que corresponde al Ministerio Público profundizar con una investigación minuciosa sobre los hallazgos señalados «y calificar éstos, si lo juzgare pertinente con un dictamen de apoderamiento a los órganos jurisdiccionales correspondientes».
En otro considerando se indica que los servidores públicos son responsables no sólo de sus acciones, sino cuando dejen de hacer lo que le obliga la ley o las funciones a su cargo. «Lo que significa que la responsabilidad del funcionario público queda comprometida, tanto por acción como por omisión».
DOS GESTIONES
La auditoría indica que la ejecución de la obra abarcó dos gestiones en la secretaría de Obras Públicas, encabezadas por Diandino Peña, en el primer gobierno de Leonel Fernández, y de Miguel Vargas Maldonado, en el pasado gobierno de Hipólito Mejía.
CONTRATISTAS
El análisis atribuye responsabilidad a los contratistas Richard Orlando Martínez López, presidente de la empresa DSC Ingeniería; ingeniero Teddy Miguel Cruz López, presidente de la Constructora Teddy.
Igualmente, al ingeniero Wilson Leger Carrasco, presidente de la empresa Leger Gómez & Asociados; ingeniero Luis Rafael Molina Taveras, presidente de la Construcciones LM; ingeniero Pedro José Hernández García; y el ingeniero Héctor Darío Jiménez Gómez, presidente de Hidrogeoperpozo SA.
