Extender la antigüedad a los vehículos que pueden ser importados agravaría el problema ambiental cuando el país ha asumido un compromiso a través del convenio de Kyoto para disminuir la contaminación por dióxido de carbono, además de que esa medida bajaría las recaudaciones del fisco.

Así lo plantearon los directivos de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) durante su participación en el Encuentro Económico de HOY.

Para el presidente ejecutivo de Acofave, Enrique Fernández, y los miembros de la Junta Directiva de esa entidad, Aníbal Rodríguez, George González, José Antonio Barretto y Caroline Sadones, el proyecto que busca modificar la Ley 147-00 para que se aumente de 5 a 7 años la edad de los automóviles que pueden importarse, es una iniciativa que viola el artículo 66 de la Constitución, que establece el derecho colectivo a la conservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente.

Además, advierten que a mayor antigüedad del vehículo, menor es el valor, y como los impuestos se pagan como porcentaje del valor, menos son los ingresos fiscales.

Indicaron que los análisis estadísticos de las importaciones revelan que, como promedio, los vehículos nuevos tributan 5 veces lo que tributan los usados.

El proyecto de modificación de la ley ya fue aprobado el día 9 de este mes por el Senado, por lo que los directivos de Acofave pide a los diputados primero medir las consecuencias negativas que esa medida implica para el medio ambiente y el fisco, antes de que ellos también la aprueben.

Los directivos de Acofave advirtieron que los daños de los vehículos al medio ambiente están ampliamente documentados en la literatura especializada y en los tratados internacionales, como la Convención sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto de la Organiación de las Naciones Unidas, que compromete al país como signatarios a limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero en el sector transporte.

Sobre el impacto negativo al fisco dijeron que mientras más viejas son las unidades, más informal es su comercialización, aumentando la probabilidad de evasión fiscal por subvaluación, por el costo que significa la fiscalización de transacciones pequeñas y esporádicas.