El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) hizó un llamado a las autoridades a realizar un inventario de todas las obras que se encuentran inconclusas para que puedan ser incluidas en el próximo Presupuesto de Ingresos, a fin de que muchas que se encuentran paralizadas puedan ser útiles  al país.

El presidente del gremio, Arturo Pichardo, dijo que las prioridades del Estado deben ser las obras del sector social, como hospitales, escuelas y centros comunitarios, muchas de las cuales están paralizadas en la fase de hasta más del  60 por ciento en que quedaron.

Destacó que miles de obras están sin concluir, por lo cual es necesario una buena planificación para garantizar la conclusión de las mismas.

 “Llamamos a que los proyectos que se vayan a ejecutar estén contemplados en el Presupuesto, de manera que los ingenieros, arquitectos y agrimensores que estén involucrados en ellos no queden engañados al final. Tenemos cientos de ingenieros que van al Colegio reclamando que el Estado le debe dinero y que ya concluyeron su proyecto”, dijo Pichardo al participar en el Encuentro Económico de HOY junto a los directivos del Codia Evaristo Sucre, Sira Ángeles, Rafael Rodríguez, Víctor Payano, Domingo Mateo y Guillermo Yunes Aguiló.

Expuso que hay miembros del gremio que han sacrificado hasta los bienes de la familia y al final no tienen el pago de su contratación final. Dijo que la respuesta que reciben de las instituciones estatales es sólo que por cuestiones de crisis (los acreedores) deben esperar hasta enero. Abogó además porque cualquier obra nueva que se vaya a ejecutar esté amparada en la ley  340-063 sobre contrato de concesión de obras públicas, para que estas se hagan a través de sorteos. Pichardo aseguró que el 90 por ciento de las instituciones del Estado y el 98 por ciento de los ayuntamientos violan la ley de contratación de obras.

 “Lo más delicado de esto es que estas asignaciones de obras se están haciendo a amigos de los funcionarios y  familiares que han creado compañías y que de una forma u otra se está asignando”, declaró.

Pichardo dijo que por violentar esta ley  hay duras sanciones y que pretenden luchar para que se apliquen. Resaltó que tienen un plan diseñado para el próximo año, el cual se llamará  “Índice de Transparencia”, en donde todas las instituciones van a tener que publicar en una página web cómo adjudican un proyecto y cuál es la forma de aplicación de su presupuesto  en ingresos y egresos.

 “De esta forma todo el mundo tendrá acceso a esa información y someteremos a las instituciones que de alguna manera podamos demostrar que están violando la ley 340-06”, dijo.

Pichardo indicó que el sector privado también ha registrado una reducción en las construcciones en los últimos meses, incluso muchos han amenazado de paralizarse totalmente. “Estas se han mantenido a un ritmo muy lento”, dijo.

Dijo  que  varios factores impactan al sector, entre ellos  altas tasas de interés que tiene la banca, el alza de los materiales de construcción y la crisis inmobiliaria de  Estados Unidos que se refleja en el país.

Cobro de la energía ha empeorado

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) resaltó que el cobro de la energía eléctrica ha empeorado en los últimos años luego que las distribuidoras se encuentran en manos del Estado, lo  que, según su tesorero, muchos dominicanos no lo consideran como necesario.

“Entendemos que lo fundamental es financiero, que a la vez está asociado a los combustibles, al proceso de distribución y comercialización. Si las distribuidoras incrementan sus índices de cobro, esa rentabilidad fortalece entonces lo que son los pagos a los generadores”, expresó Domingo Mateo, tesorero del gremio.

Resaltó que las personas, a la hora de pagar su factura eléctrica, piensan que “eso es del Estado y el Estado somos todo y como tal dejamos de pagarla”.

Afirmó que los programas generalizados de subsidios que está aplicando el Gobierno a través del Programa de Reducción de Apagones (PRA) deben ser revisados, y en cambio estos deben ser focalizados al consumo, ya que conociendo el consumo de una persona se puede conocer sus ingresos.

“Una persona que consuma 300 kilos al mes o 500 ó 700 kilos, de ahí  se puede sabe el  nivel de esa persona y de qué estrato social es, entonces a partir de ahí deben aplicarse los subsidios”, explicó.

Mateo dijo que no existe solución del problema eléctrico a corto plazo, porque las personas tienen muchos deudas atrasadas, además se deben buscar fuentes alternativas para la generación de energía.