El Colegio Dominicano de Ingenieros,  Arquitectos y Agrimensores (Codia) comparte el juicio que expuso el arquitecto Cristóbal Valdez, quien considera que las inversiones en vías elevadas   no toman en cuenta el criterio urbanístico, lo que al final agravará el problema del tráfico vehicular.

El colegio, asesor del Estado en la materia, estima que la inversión en elevados viales no está orientada a resolver el problema de más del 80% de la población sin vehículo propio, y tiene que usar el transporte público. Aunque aprueban  las inversiones gubernamentales en grandes infraestructuras viales, entienden que las mismas deben reorientadas,  evaluadas  y asesoradas por urbanistas para tomar más en cuenta  a la población.

La arquitecta y urbanista Esther Morillo, secretaria de actas del Codia, apoya el planteamiento de Valdez, de que los elevados resuelven sólo el tráfico privado, mientras la mayoría de la población continúa  afectada por los problemas en el transporte urbano.

Estimó que las grandes inversiones del Gobierno en obras de infraestructura tal vez no sean las más idóneas como resolución.

“La ciudad es para la gente, no para los carros, y nosotros, como país,  debemos ir pensando en eso. Pensamos mucho en la ciudad, pero para los vehículos, donde los elevados y los puentes peatonales destruyen a una gran cantidad de la población. Por ejemplo,  el envejeciente que no puede cruzar un puente peatonal”.

Morrillo manifestó, finalmente,  que el problema es complejo, por lo que considera  importante convocar a un debate amplio en el cual participen todas las autoridades con funciones en materia de tráfico vial.

Morrillo hizo estas reflexiones y propuestas  en el Encuentro Económico del HOY, acompañada de los otros directivos Domingo Mateo, presidente; Aridio Santos, Domingo Taveras y José Andújar.

La arquitecta considera  que los puentes peatonales deben ser construidos  de manera que no excluyan a tantas personas, como los envejecientes, los no videntes y los  discapacitados, quienes   no pueden usarlos.

Refirió  que en  España, en lugar de  puentes peatonales utilizan semáforos peatonales ante los que  el conductor detiene el carro para  permitir a las personas cruzar, sin crear una barrera y pensando en la población.

Morrillo sostuvo  que aun cuando ignora si en el sector pública se auxilian de urbanistas para esas construcciones, las  infraestructuras de tránsito actuales permiten suponer que los constructores no son  asesorados por  urbanistas.

“Si para hacer un elevado tú eliminas una acera, evidentemente que no ha sido un urbanista quien ha  orientado esa obra, ha sido sólo la óptica de la ingeniería civil”, expresó.

Añadió que los elevados deben ser ubicados en lugares   de tránsito crítico, pero sin convertirlos en un obstáculo para la convivencia de la población, pues  sacrificando las aceras no se resuelven los  problemas.

El arquitecto Valdez, en un reportaje publicado en este diario el pasado martes  26, llamó la atención sobre la sustitución de  aceras por  elevados, devaluando  las propiedades en sus márgenes,  lo que ha forzado el cierre de muchos locales comerciales  y convertido las aceras bajo los  elevados en zonas peligrosas para los peatones.

Afirmó además que las resoluciones urbanas al tránsito mediante elevados  son inoperantes, pues,  al final, agravan el problema. Afirmó que esas resoluciones han sido planteadas de manera incorrecta, lo cual ha sido demostrado a los años.

Y  Aridio Santos, secretario de relaciones públicas del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia),    observó que la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) tiene también  que asumir su función de contribuir a destaponar  las calles.

No se cumple la Ley  332

El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Domingo Mateo, resaltó que el cumplimiento de la ley 332 sobre contratación de mano de obra extranjera se ha convertido en un dolor de cabeza.

Explicó que esto es debido a que algunas  instituciones  contratan  extranjeros sin cumplir con los requisitos  establecidos en esa legislación.

Esa   ley establece  que una empresa extranjera que realice trabajos en el país debe  asociarse a otra  empresa nacional en un 50% mínimo. Mateo dijo además que esa ley consigna que la mano de obra debe ser un 70% nacional y un 30% extranjera, siempre que en el país  no haya   la profesión que desempeñarán  los extranjeros.

Resaltó que el Codia está vigilante al cumplimiento de esta ley, principalmente en las zonas turísticas, donde según dijo se viola con mayor frecuencia.

Explicó que pese a los incentivos legales que disfruta la construcción de obras turísticas, éstos no   pueden ser recibidos  si se violar la ley sobre ejercicio profesional de los ingenieros, que limita el tiempo de trabajo de  extranjeros.