Las autoridades no han cumplido con el anuncio de que harían una masiva importación de alimentos para hacer bajar los precios.

Así lo afirmó el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, quien expresó que la importación de productos no se está manejando con la transparencia que debiera y exhortó a las autoridades a que se actúe claro en estos temas.

“Lamentablemente hay que decir que eso fue una mentira que se le habló al país. Aquí lo que otorgaron fueron los permisos del DR-Cafta  (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos) que por ley deben ser entregados cuando comienza el año, pero aquí lo entregan en agosto, octubre, hasta en diciembre”, dijo García al participar en el Encuentro Económico del HOY, junto al vicepresidente ejecutivo de la FDC, Miguel Sang Ben.

Afirmó que a ninguna asociación o federación del país se le entregó permisos de importación, sino que las autoridades expresaron que ninguna asociación podía participar en el DR-Cafta.

“Parece que en los años anteriores si se podía participar, o se cambio la ley del DR-Cafta o se firmó otro, porque años anteriores si se hacía., agregó García.

Expreso que el secretario de Agricultura continúa excluyendo al sector del comercio organizado en las importaciones de los productos más sensibles, lo que permite que las personas continúen comprando productos como ajo y habichuelas más caros, con hasta 15 pesos por encima.

Destacó que Agricultura otorga los permisos de importación para beneficiar al mismo grupo de comerciantes que  tienen el control de los precios de los principales rubros de la canasta familiar.

García citó como ejemplo que el Gobierno otorgó permisos para unas 11 mil toneladas de arroz, pero al parecer fue repartido entre los molineros.

“Con el precio que el arroz tiene fuera, aquí la libra nos saldría a 11 pesos, y sin embargo está a 22 pesos la libra, ganándole un 100 por ciento al arroz. Que si el comercio organizado estuviera trayendo el arroz estuviera a 16 pesos la libra o 18 pesos la más cara.  Pero siguen trayendo el arroz los mismos que lo tienen caro ahora”, dijo.

Mencionó además que los que tienen el control del mercado del arroz en el país se comprometieron a bajar 300 pesos al saco, pero solo aumentaron 100 pesos la semana pasada.

Explicó que el mes pasado el saco se vendía a RD$2,250 y RD$2,300 pero ahora ambos se venden 100 pesos más caros.

Dijo que lo mismo pasó con el pollo que se estaba vendiendo a 42 pesos, y con las declaraciones de la FDC en la prensa tuvieron que bajarlo a 37 pesos para los comerciantes.

Declaró que los comerciantes no le mienten al presidente en las reuniones que han sostenido, sino que muchos funcionarios si mienten, pintándole un panorama  al presidente que no es el real sobre los precios en el país.

En febrero pasado el gobierno anunció que ordenaría importaciones masivas de productos de primera necesidad para enfrentar la especulación de algunos sectores comerciales del país.

Pasivos deben ser reconocidos como gastos

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) pidió a las autoridades que reconozcan los pasivos laborales como gastos para fines de impuestos y que se ponga en funcionamiento el seguro de desempleo para eliminar la cesantía, pues ambas propuestas ayudarían a reducir los gastos laborales.

El presidente de la organización, Iván García dijo que en el sector comercio, por cada peso que paga a un empleado  debe pagar 40 pesos adicionales por los costos de vacaciones, cesantía y seguridad social, entre otras.

“Es decir, se paga un 40% adicional, lo que tiene al sector comercio en una situación difícil”, dijo.

García planteo que los pasivos laborales sean registrados en los estados financieros para ser reconocidos para fines de impuestos. “Hay pequeños negocios que quiebran o tienen que tomar dinero prestado para liquidar a todos sus empleados”, agregó.

Dijo que la cesantía debe ser eliminada del Código de Trabajo y entrar en vigencia  el Seguro de Desempleo, como establece la Ley de Seguridad Social, porque el sector privado esta pagando altos costos por la  no  aplicación de esta ley.