Los nuevos directivos de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) favorecieron que se incluyan provisiones de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos en el texto del proyecto de ley de partidos, como una forma de evitar infiltración del narcotráfico en los partidos políticos.
Al participar como invitados en el encuentro económico de HOY, el presidente de ANJE, Miguel Roig, y al resto de la directiva, abogaron que la aprobación del proyecto de ley de partidos regule adecuadamente a las entidades políticas y fortalezca el rol de la Junta Central Electoral, a fin de que se aseguren unos comicios transparentes y apegados al marco legal en todos sus aspectos.
A juicio de Roig, es preocupante el hecho de que los legisladores hayan dejado de lado la aprobación de ese proyecto, en el sentido de que en el país se deben crear mecanismos que vayan en contra de la narcoinfluencia, sobre todo en las actuales circunstancias.
Los jóvenes empresarios creen que la aprobación de ese proyecto elevaría la calidad del voto y evitaría en una buena proporción la propagación del clientelismo político.
Con esta Ley el candidato tendrá que presentar su propuesta y presentar su hoja de vida, o sea que individuos con expedientes en la justicia o con prácticas ligadas a corrupción, no tengan oportunidad de participar en la contienda, subrayó Lara Guerrero.
La Ley de partidos establece que cada aporte que reciba un candidato en exceso de US$10,000, sea sometido a un escrutinio.
Se recuerda que diferentes sectores de la sociedad han abogado insistentemente en los últimos años porque se dispongan las medidas preventivas que eviten la infiltración de dinero procedente de operaciones ilícitas en los poderes del Estado.
Otras iniciativas
Para el año entrante ANJE continúa con su propuesta de que los partidos mayoritarios participen en el debate electoral, en el que presentarán los planes que ejecutarían los candidatos en caso de ser electos. Pretenden también seguir con la aplicación la Ley de Función Pública, con mira a mejorar la calidad de los servidores públicos.