Los resultados de la encuesta Gallup-Hoy establecen que el 44% de la población considera que no fue transparente el procedimiento para seleccionar al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a ocho magistrados designados en distintas salas, y a otros tres que fueron confirmados en sus cargos.
En cambio, el 38.6% de los ciudadanos sí cree que hubo transparencia en el mecanismo de selección de esos jueces.
Ese proceso fue dirigido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se inició en enero de este año y concluyó en abril con la designación de Luis Henry Molina como nuevo presidente de la SCJ, en sustitución de Mariano Germán.
El CNM está integrado por el Presidente de la República, quien lo preside; los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, dos legisladores de la oposición, el presidente de la SCJ, un juez de esa alta corte, y el procurador general de la República.
Confianza. Para el 55.9% de los ciudadanos los jueces escogidos tienen capacidad para ocupar esos puestos, aunque el 26% estima que no son competentes.
Quienes más confianza tienen en la capacidad de esos magistrados son los simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pues para el 70% de ese segmento esos jueces tienen el talento necesario para las funciones asignadas.
Comparación con SCJ anterior. Un 42.3% de la población encuestada cree que la nueva composición de la SCJ hará un trabajo mejor que la anterior, un 25.8% estima que será igual, y un 20.8% cree que será peor.

Más del 60% de la población apoya se regule la práctica del aborto en RD

El 61% de los dominicanos considera que en el país debe existir una ley que regule el aborto, aunque un tercio de la población rechaza que se regule ese procedimiento de interrupción del embarazo.
Los datos aparecen en el estudio de opinión Gallup-Hoy, en cuyos resultados se resalta que el 68% de los jóvenes de 18 a 24 años, así como el 65.7% de los hombres, estiman que en el país debe haber una ley que trace las normas para realizar abortos.
El 57% de las mujeres también está de acuerdo con que se regule la interrupción del embarazo.
En la República Dominicana el aborto es una práctica ilegal. Desde hace años se discute la despenalización en tres causales: cuando el embarazo es producto de una violación o de un incesto, cuando el producto tiene deformaciones que lo hacen inviable, y cuando peligra la vida de la madre.
El tema ha sido incluido en el Código Penal que, en dos ocasiones, ha sido aprobado por las cámaras legislativas, pero también ha sido observado y devuelto por el presidente Danilo Medina por no aprobarse la despenalización en las tres situaciones señaladas.