Se afirma que la gran ventaja de la dolarización es la eliminación de emisiones monetarias por el Banco Central o el gobierno. Después de la conversión del papel moneda dominicano en dólares a una tasa fijada por el gobierno, las variaciones del medio circulante vendrían dadas por la cantidad de dólares que permitan el comercio internacional y las operaciones financieras de mercado.

La dolarización impondría, así, disciplina fiscal al gobierno, garantizaría el valor, por supuesto en dólares, de la riqueza, poca o mucha, que los actores económicos hayan podido acumular y evitaría dolorosos procesos inflacionarios.

Dejando de lado la impotencia del gobierno para contrarrestar caídas en el ciclo económico y hasta la posibilidad de agravarlas si los ciclos norteamericanos y europeos no coinciden, hay que aceptar que la supuesta impotencia monetaria y gubernamental no es tan radical como se supone. Se olvida que tanto el gobierno como el Banco Central, tienen camino abierto para endeudarse en dólares y que la prudencia de los prestatarios bancarios y financieros internacionales, no ha mostrado grandes señales de vida y sí urgencia de colocar su liquidez donde se ofrezcan altos intereses. Es bien posible que este comportamiento sea más racional de lo que parece, gracias a la prioridad que el Fondo Monetario Internacional da en tiempos de crisis cambiarias, al pago de la deuda privada internacional.

Pero lo que me interesa recordar es la capacidad de endeudamiento en dólares de países dolarizados y, por lo tanto, su capacidad de cuasi emisión monetaria y de infracción de una disciplina fiscal que postula gastos públicos menores o iguales que sus ingresos.

Tampoco las prescripciones legales encaminadas a imposibilitar o dificultar el endeudamiento externo en dólares, funcionan satisfactoriamente cuando la situación económica de un país clama por un aumento del gasto público. No se trata de que uno sea keynesiano o no. Varios años antes de que Keynes publicase la Teoría General experimentamos en una República Dominicana superdolarizada –veremos a seguida de dónde procede el prefijo “súper”- la debilidad de estos amarres legales.

La dolarización dominicana se originó en 1899 por la emisión en cuatro meses, septiembre de 1898 a enero de 1899, de 3,600,000 pesos en una economía que en 1897 satisfacía sus necesidades de efectivos con una emisión de 461,000 pesos. Legalmente, el Banco tenía obligación de redimir los billetes en oro o plata. Los billetes impresos por Lilís en los 4 meses indicados no pudieron ser cambiados en metálico. Al desaparecer las garantías de conversión en metálico, el público no quería recibirlos lo que condujo a una violenta inflación y a una paralización casi total del país.

El presidente Vásquez decretó el 30 de septiembre de 1899 que la unidad monetaria sería el dólar de oro de los Estados Unidos. La ley que sancionaba este decreto fue aprobada por el Congreso el 1 de junio de 1900. En realidad, no se trataba de elegir entre dolarización y moneda nacional, sino de aceptar la imposibilidad práctica de manejar una moneda propia.

La dolarización, eficaz contra la inflación en aquellas circunstancias, no bastaba para resolver el problema del pago de una deuda que en 1906 ascendía a 40,3 millones de dólares, cuando en ese año las exportaciones eran de 6.5 millones, el balance de pagos de la cuenta corriente de 2.7 millones, y el pago mensual de la deuda superior a 100,000 dólares.

Se imponía una renegociación de la deuda para reducirla a 17 millones de dólares. La renegociación favoreció la deuda franco belga, y la de la San Domingo Improvement en detrimento de la hispano-alemana, la italiana y la de acreedores nativos. Luego se concertó un empréstito de 20 millones garantizado por el gobierno de los Estados Unidos para redimir la deuda y dedicar el sobrante “a la construcción de ciertos ferrocarriles y puentes y otras obras públicas necesarias al desarrollo industrial del país”.

El Estado Dominicano, de acuerdo al artículo tercero de la convención, no podía aumentar su deuda pública, interna y externa, sin un acuerdo previo entre el Gobierno Dominicano y los Estados Unidos.

Era esta la suma garantía contra todo intento de saltar la barrera de la dolarización mediante nuevos préstamos. La dolarización perfecta la “súperdolarización” desde el punto de vista legal.

Es bien sabido que el mismo gobierno militar de la ocupación iniciada en noviembre de 1916, logró obtener de Washington, permiso, para contratar bonos en 1921 por valor de US$2,500,000 para la construcción de carreteras. Acabado el boom exportador de la primera guerra mundial, los precios de los principales artículos de exportación bajaron súbita y fuertemente (antes habían subido) arruinando a empresas exportadoras. La disminución de los aranceles llevó también a no pagar sueldos de la administración.

El punto interesante que hay que recalcar es el de la facilidad en lograr autorización del Congreso de Estados Unidos, no del de aquí, para practicar una política fiscal anticíclica.

El recurso a nuevos préstamos autorizados por el Congreso norteamericano, fue repetido en 1922, esta vez por US$6,700,000.

Después de la retirada de los marines en 1922 se firma en 1925 un nuevo convenio del Congreso Nacional y de los Estados Unidos que ratifica la necesidad del consentimiento de los Estados Unidos para nuevos empréstitos dominicanos y la prohibición de modificar los impuestos aduaneros, que no es óbice para que se permita en 1926, un nuevo empréstito por valor de 10 millones de dólares.

Es patente tras estos hechos, que la más alta garantía exigible a un país para dificultar su endeudamiento posterior a la dolarización, no sirvió como obstáculo insalvable a la pretensión de nuevos préstamos. En realidad, el país necesitaba en los inicios de una incipiente modernización, carreteras, puertos y plantas energéticas. Las aduanas eran administradas por un funcionario norteamericano que no estaba obligado a acatar órdenes ni disposiciones del gobierno, lo que era una buena garantía para el pago religioso de la deuda, y las necesidades del país eran inobjetables. Sin duda, la administración de las aduanas por un funcionario que representaba los intereses de los acreedores, facilitó la aprobación de los préstamos indicados. Pero de hecho, mediante los préstamos, más que por operaciones intercomerciales e interfinancieras de mercado, variaba la emisión monetaria y se llevaba a cabo una política fiscal anticíclica o de desarrollo.

En nuestros tiempos, hemos sido testigos de la facilidad con que bancos, empresas y gobiernos, se han endeudado en dólares ampliando su capacidad prestataria, y de la iliquidez en que han caído al no poder honrar montos e intereses.

En algunos países latinoamericanos, el flujo de capital a corto plazo para aprovechar las diferencias de interés provocó, primero, revaluaciones del tipo de cambio en desmedro de los intereses de los exportadores y más tarde, violentas devaluaciones ante crisis bancarias o monetarias.

La conclusión a la que llego es evidente: una dolarización con apertura de los mercados no es receta automática de estabilidad. Las instituciones y los instrumentos todos de los mercados financieros, que aquí son todavía bancos, gobiernos, préstamos y bonos, tienen que ser manejados con prudencia. La dolarización como cualquier otro sistema monetario no funciona satisfactoriamente de modo automático. En particular, porque no excluye endeudamientos y porque detrás de todo préstamo se esconden motivaciones que rara vez son perfectamente racionales.

La dolarización exige también competencia y cautela. Eso es bueno, porque también ella requiere una dosis de responsabilidad y de ética si quiere ser socialmente útil. Contra responsabilidad y competencia, no hay alternativa institucional.