Endeudamiento objetable

Endeudamiento objetable

El endeudamiento del país es de tal magnitud, que el pago de servicio y capital impide invertir lo justo y necesario en renglones tan importantes como la enseñanza.

Esta particularidad del manejo de la economía ha sido criticada con sólidos argumentos por técnicos en la materia y no solamente por políticos cazadores de coyunturas.

Bernardo Vega, economista y ex gobernador del Banco Central,  advierte que el país no debe tomar prestados  580 millones de dólares el próximo año para construir obras sin licitación previa.

Su advertencia, atinada por el hecho de que de alguna manera hay que contener el endeudamiento, tiene además la virtud de que toca un aspecto ciertamente pecaminoso del destino que se da al crédito internacional: las obras de grado a grado.

Por otra parte, habría que establecer parámetros que permitan deducir cuando la deuda acumulada por  un país es o no manejable y bajo cuáles circunstancias lo es o deja de ser.

¿Es correcto suponer como manejable una deuda cuyo pago de servicio y capital obliga a recortar las asignaciones presupuestarias de capítulos vitales para el desarrollo de cualquier nación? Evidentemente que no, ni siquiera acogiéndonos a la máxima que afirma que cada maestro tiene su “librito”.

La distribución del presupuesto

La protesta de cincuentidós legisladores por lo que entienden “irracional” distribución del presupuesto para 2011 trae a la palestra el pobre criterio distributivo de la inversión pública.

 La queja se basa en el hecho de que las asignaciones reservadas para las hidroeléctricas de Monte Grande, Sabana Yegua y Las Placetas serían insuficientes y obligarían a paralizar esas obras, según afirman los legisladores.

Al margen de esto, siempre ha habido en el país razones para considerar poco equitativa la distribución de las inversiones oficiales.

Las grandes inversiones y obras siempre benefician la capital y otras ciudades importantes, en desmedro de regiones que necesitan infraestructura de desarrollo.

Es hora de modificar el criterio que se aplica en la distribución de la inversión y pensar con más justicia en las necesidades de desarrollo de las comunidades.

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