PANAMÁ.   EFE. La decisión del Gobierno panameño de ratificar la reducción de la edad penal mínima a los doce años ha atizado aún más el debate ya encendido en la región sobre si esa es la solución para luchar contra la criminalidad o un “nuevo retroceso” que desvía la atención de las causas de los problemas.

La disminución de la edad mínima penal es una realidad desde ayer en Panamá, tras la publicación el viernes de la nueva disposición, mientras en El Salvador los partidos de derecha e izquierda sellan una insólita alianza para tratar de saltar el veto del presidente, Mauricio Funes, al aumento de las sanciones a  los adolescentes.

Funes ha vetado por “inconstitucional” una medida sancionada por el Legislativo salvadoreño el 11 de febrero para que los jóvenes de entre 16 y 17 años puedan ser condenados a penas de hasta quince años por delitos graves.

Ahora el gobernante Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y el opositor Arena, que reclaman la medida como  “necesidad” ante el uso que hacen las pandillas de adolescentes para cometer delitos, tratan de reunir la mayoría  para  superar el obstáculo presidencial. Con la decisión de disminuir la edad penal, Panamá se suma a Costa Rica en el establecimiento de los 12 años como la edad mínima en que los niños  rindan cuentas ante la justicia.