Las conductas consideradas delictivas son definidas por el orden político, en una determinada sociedad y en cierto momento. De suerte que el crimen se estructura atendiendo a diversos criterios y según cada sociedad. Por las reacciones de algunos sectores frente a acontecimientos que, sin dudas, dejan sangre, luto y dolor a las familias y al cuerpo social, se advierte que el camino más corto para resolver la problemática delictiva aparenta ser el de castigar mucho más severamente a quienes pudieran estar comprometiendo su responsabilidad con los hechos criminales.

A mi juicio, la respuesta de algunos de organizar los instrumentos represivos para enfrentar la lucha contra el crimen, denota muchas veces la falta de políticas para encarar los fenómenos que están en la base del problema: la pobreza, la falta de educación y de  salud, el desempleo y la desigualdad social, males que se reproducen y perpetuan aún más por la corrupción que permea muchas de las instituciones del país.

Se puede decir que en muchos casos la delincuencia es obra de quienes son víctimas de la exclusión social. Las cárceles están preñadas de los delincuentes fracasados.

 De ahí que la criminología actual es la del “pobre diablo”, de donde nace el apelativo de cárceles de la miseria. Se puede afirmar que los delincuentes son, más bien víctimas de las iniquidades de la sociedad.  

Pero revisten mayor importancia y trascendencia los delitos y delincuentes no convencionales, por oposición a las teorías deterministas de Lombroso hechas a la luz  de delincuentes presos y locos.

 Se trata de delincuentes económicos que con sus habilidades y contubernios dolosos ponen en peligro la economía de un pueblo desde funciones públicas o desde las empresas financieras o se benefician del dolor, del hambre y de la falta escrúpulos para actuar.

El daño y costo social, económico y humano del delito cometido por uno de estos superhombres resultan mucho mayores que el daño cometido por todos los reclusos sancionados por delitos contra la propiedad que pueblan las cárceles del país.

Modificar la ley que instituye el sistema para protección de niños, niñas y adolescentes para sancionar mas drásticamente es vendida como una correctísima forma de hacer política criminal.

 Sin embargo, reformar el código procesal penal para permitir que la arbitrariedad no entre por la puerta de atrás  y producir un nuevo código penal que permita mayores rigores represivos para los delincuentes elegidos, más que una correcta política criminal es una manera de elevar la pena –el dolor, la angustia- por la que atraviesan las víctimas del orden económico, político y moral.