La amplitud de servicios que prestan los entes de la Seguridad Social necesita de la retroalimentación que en dinero debe provenirle de sus afiliados, un flujo erosionado por un sector evidentemente numeroso de empleadores que recurren a engaños, en adición al vacío que a su capital operativo provoca la informalidad de la economía con sus componentes subterráneos. No se puede perder de vista que se trata de un mecanismo que debe recibir la totalidad de los aportes que patronos y afiliados están obligados a hacer por ley. No ocurre así. Los asegurados y sus prestadores están sometidos a dos enemigos de poca visibilidad: los evasores sistemáticos que no declaran nóminas y esos otros de igual características que amañan la información que declaran para cotizar menos, comportamientos que deberían ser tipificados como fraudulentos.

La Seguridad Social debe tener un alcance universal de solidaridad mutualista. Valerse de adulteraciones para beneficiarse del sistema o evadirlo tiene entre consecuencias retener recursos que servirían para encarar las insuficiencias de cobertura en consultas, procedimientos y subsidios para medicamentos. Los asegurados son, en gran medida, víctimas de la ausencia de una infraestructura legal que sirva para imponer respeto a los imperativos de una protección social mediante sanciones acordes a la gravedad de las transgresiones, incluyendo lo penal.

La escalada que supera límites

La «magia» del Estado que gasta e invierte con innegable dinamismo a pesar de los déficits que le causa la insuficiencia de ingresos fiscales y de otras fuentes ordinarias nada tiene de misterioso, lógicamente. Está fundada en un endeudamiento local y externo que, como acaba de revelarse, crece ya más que la suma de bienes y servicio que genera la economía.

El PBI, que con frecuencia ha sido invocado por su marcha ascendente como garante de la capacidad del país para pagar lo que debe, ya no puede llevar tranquilidad a la nación ni utilizarse para responder críticas. El argumento de que la tendencia alcista de la producción da derecho a continuar el curso impresionante de financiar con deudas el gasto público no serviría para despejar temores sobre posibles consecuencias mayores para la República.