El alza de un 11% en la tarifa de la electricidad ha sido decidida  en momentos en que el sistema da sus más elocuentes muestras de incapacidad para mejorar el servicio y las empresas distribuidoras para cobrar la energía servida.

El argumento de que el alza obedece al incremento de los precios de los combustibles y la tasa de cambio del dólar es de relativa validez, si se toma en cuenta que en gran medida la inflación de los costos de distribución de la electricidad se debe más a falta de capacidad para cobrar la mayor parte de la energía servida.

Sumarle un 11% a la tarifa sin que haya habido mejora del servicio y en momentos en que los apagones inflan todos los costos industriales, comerciales y hogareños, es una manera de recurrir a la ley del menor esfuerzo.

Tenemos una electricidad cara no necesariamente porque lo determinen la tasa de cambio y los precios de los derivados del petróleo, sino porque es demasiado alta la proporción de la electricidad generada con combustibles comparativamente más caros.

La conversión de plantas a gas natural ha sido un proceso que ha marchado más lento que lo que aconsejan las prioridades, como ha sido también demasiado lento el proceso de mejorar las cobranzas de las distribuidoras. Siempre será más fácil aumentar la tarifa de un servicio que sigue siendo muy malo.

Responsabilidad “en el aire”

Si alguien se electrocuta haciendo una conexión ilegal, el hecho de que se trata de una intrusión deja claramente sentadas las responsabilidades. ¿Por qué, entonces, resulta tan difícil fijar responsabilidades cuando un cable de alta tensión cuyo dueño es una empresa que le ha dado pésimo mantenimiento, es el que cae sobre una vivienda y electrocuta a una pareja de esposos que dormía en su lecho? Bajo ningún concepto puede ser elegible para parte interesada  la responsabilidad civil por un suceso que ha costado vidas humanas.

Las argumentaciones expuestas por la Distribuidora de Electricidad del Este y la CDEEE, a propósito de la muerte por electrocución de los esposos  Jennifer Rodríguez, de 23 años, y  Gabriel Arístides Herasme, de 26, pretenden dejar “en el aire” la responsabilidad del caso en que un cable de propiedad conocida y de mantenimiento precario se precipita sobre vivienda habitada y mata a dos personas.