POR LEONORA RAMÍREZ S.
Las agendas de desarrollo de la República Dominicana tienen como punto común la discrepancia, pero cuando finalmente se acuerda su aplicación, la lucha de intereses sepulta el consenso y aun más el  beneficio colectivo, y en ese sentido esa es la suerte que  han tenido la modernización del servicio eléctrico y  el sistema de seguridad social.

Por más de dos décadas esos temas han estado vigentes en las políticas económicas de distintos gobiernos, pero los desaciertos, la negligencia y la permanencia del interés particular por encima del común, mantienen al país con un deficiente servicio energético que atenta contra los sueños de modernidad, y a miles de dominicanos sin una seguridad social solidaria.

A partir de 1990 comienza a debatirse la privatización del sector eléctrico, como única vía para enfrentar los apagones que, en aquella época, eran producidos por el déficit de generación.

Pero es en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, en 1997, cuando a través de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública se inicia el proceso de capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), entidad que manejaba la generación, la transmisión y la distribución del servicio energético.

Para revertir las deficiencias de la CDE la distribución pasó a manos de la empresa española Unión Fenosa, que manejaba la Empresa de Distribución del Sur (Edesur) y la Empresa de Distribución del Norte (Edenorte), y a la firma AES Dominicana le tocó la Empresa Distribuidora del Este (Edeeste).

Pero la enfermedad se quedó en la sábana porque los apagones siguieron azotando al país a causa de las deudas que tenía el gobierno con las empresas generadoras de electricidad, las distribuidoras no lograron reducir como se esperaba la cantidad de clientes no regulados, y el incremento de las tarifas se convirtió en el lamento mayor de quienes pagaban el servicio.

En el 2001, durante el mandato del expresidente Hipólito Mejía, hubo que revisar la capitalización mediante el Acuerdo de Madrid, con el cual se dio paso a la extensión de los contratos con las empresas generadoras y distribuidoras hasta un período de 15 años, a cambio de la eliminación de los subsidios de parte del gobierno y de un suministro estable.

La crisis del sector pasó a mayores con todo y Acuerdo de Madrid, y ya en el 2003 Mejía anunciaba la posibilidad de revisarlo ante su ineficiencia.

Julio Cross, superintendente de Electricidad durante ese período, expresó que “el negocio eléctrico se está desarrollando con unos conflictos de intereses vulgares, con violaciones sistémicas a la Ley de Capitalización, y negocios no transparentes entre empresas y socios comunes”.

EL SINFÍN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En los últimos diez años nada ha dado más tumbos que la aplicación de la Ley de Seguridad Social, una de las más consensuadas por empleadores, sindicatos, congresistas y representantes gubernamentales, y con la cual se pretendía dejar de lado un sistema de salud deshumanizado.

En teoría la Ley que se aprobó en el 2001 les daría a los dominicanos la  posibilidad de una pensión decente, y de servicios de salud con carácter universal porque incluye hasta a quienes no pueden cotizar por su situación económica.

La realidad, al cabo de cinco años, es que solamente funciona el sistema de pensiones, el cual arrancó prácticamente sin ningún obstáculo, pero el Seguro Familiar de Salud (SFS) que también debió entrar en vigencia está enredado en las patas de empleadores, trabajadores, funcionarios del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), y los prestadores de los servicios de salud.

El 10 de enero del 2006 el doctor Bernardo Defilló, quien dirige la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), manifestó que intereses grupales impiden que los dominicanos tengan dignos servicios de salud, pese a que el gobierno había invertido RD$5,143 millones en el tiempo que tiene aprobado el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Además aseguró que el CNSS, entidad que debe implementar el Seguro Familiar de Salud, es inoperante.

Arismendy Díaz Santana, quien dirige el CNSS, expresó el 11 de enero del mismo año que el principal obstáculo para iniciar el SFS, que cubriría a nueve millones de dominicanos, es económico porque se requerirían RD$55,000 millones para su implementación.

Ante las dificultades que impiden su inicio, y que aumentaron cuando se discutía la selección de las nuevas autoridades del CNSS y sus dependencias, el presidente Fernández intervino en el conflicto y convocó a una cumbre que aún no tiene fecha de inicio, pero en la que se analizarían la problemática de una Ley a la que le sobró consenso pero que le falta voluntad.

Apagones más caros

Si los apagones son un dolor de cabeza para la población, más aún el alto costo de las tarifas. Parecería que de poco han servido la aplicación del Programa de Reducción de Apagones (PRA) y la creación de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), que dependen de la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Esa crisis sistémica llevó al expresidente Mejía a comprar las acciones de Unión Fenosa en Edenorte y Edesur, revirtiendo con ello su privatización, el 10 de septiembre del 2003. A casi tres años de esa medida esas empresas siguen en manos del gobierno, los descontentos por el servicio a veces aumentan otras veces disminuyen, y todavía el presidente Fernández no cumple su promesa de revisar los contratos de capitalización del sector eléctrico.

De hecho Francisco Méndez, superintendente de Electricidad, dijo el 13 de abril del 2006, que el gobierno no tiene planes de privatizar a Edenorte y Edesur, sino de mantener su estatus actual con un consejo de administración que supervisa la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE).

Mientras el 2006 entra en su segundo semestre la población sigue sufriendo las altas y bajas de un servicio eléctrico que no sale de su ineficiencia, en momentos en que la República Dominicana está a punto de poner a prueba su competitividad a través del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).