Por ALTAGRACIA ORTIZ G.
Por cada 100 pesos que una familia gasta en salud, más de 60 pesos se destinan a medicamentos, mientras las enfermedades constituyen la principal causa de quiebra de las micro y pequeñas empresas familiares. Asimismo, por cada 100 pesos que se gastan en medicamentos en el país, el 60 por ciento corresponde al presupuesto familiar, mientras el resto lo aporta el Estado, los empresarios y las organizaciones no gubernamentales.

La información la ofreció ayer el doctor Pedro Luis Castellanos, experto sanitario y representante del Foro Ciudadano en las conversaciones para lograr la implementación del Seguro Familiar de Salud (SFS).

A su juicio, aunque entrara el SFS, si no se ejecuta una política nacional para abaratar los medicamentos, ese problema quebraría el sistema, porque es insostenible mantener un sistema sanitario con medicamentos cuyo precio es inalcanzable. “Por cada peso que gasta un empresario en salud, las familias gastan más de siete y eso genera grandes inequidades”, sostuvo el experto, quien además se desempeñó por muchos años como consultor de la Organización Mundial de la Salud-Organización Panamericana de la Salud (OPS). La carestía de los medicamentos constituye una carga tal, que si a una familia un miembro es víctima de una enfermedad catastrófica, quebraría, aunque actualmente cualquier enfermedad lleva al fracaso a las pequeñas empresas familiares.

Basta que una persona se enferme, sostuvo, ya no tiene necesariamente que ver con cáncer, SIDA, diabetes, si los medicamentos no son regulados en precios, calidad y protocolos, serían capaces de quebrar el sistema de Seguridad Social. “Es que el costo de los medicamentos es insostenible, tampoco se puede seguir tratando las enfermedades sin protocolos y con los últimos fármacos que salen al mercado”, advirtió el experto sanitario.

Indicó que los márgenes de ganancia que se producen en el proceso de comercialización “son enormes e insostenibles”.  Las intermediaciones hasta llegar al consumidor son altísimas.

A su juicio, en el sector público se deben priorizar los medicamentos genéricos de calidad, pero en el sector privado se puede ser un poco más flexible, dada la capacidad de pago de los consumidores de esos servicios. Indicó que el país debe encaminarse hacia un sistema de calidad de fármacos, pero también a abaratar los costos.

“Un sistema de salud no sólo debe considerarse desde la perspectiva de su capacidad para producir ganancias económicas o privilegios para algunos, sino sobre todo desde su capacidad para producir salud y reducir la exclusión social, con servicios de calidad y a costos sostenibles para la sociedad”, sostuvo Castellanos. Con respecto al Sistema de Seguridad Social, consideró importante que se inicie. A su juicio, es menester dejar de lado las ideas de modificar una ley que no se ha implementado, como la 87-01.

CIFRAS QUE ALARMAN

La República Dominicana tiene el segundo más bajo gasto público en salud del continente, alrededor del 1.5% del Producto Bruto Interno (PIB).

Asimismo, la mortalidad materna en el país sigue siendo de las más alta de América Latina, con 150 por cada 100,000 nacidos vivos y en cuanto a la mortalidad infantil, la tasa es de 30 por cada 1000 nacidos vivos.

“Treinta de cada 1000 niños que nacen en el país están condenados a la cadena perpetua de la pobreza y las enfermedades, pues apenas el siete por ciento de la población está cubierta por el Seguro Social”, sostuvo Castellanos.

En el país las pólizas de los seguros son cada día más incosteables y excluyentes. Es el caso de los envejecientes y de quienes padecen enfermedades catastróficas.

Los márgenes de ganancia de las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) sobrepasaron los RD$2000.00 millones, mientras sus servicios son cada vez más deficientes e inefectivos.

En el país debería haber una tasa de cesáreas de un 20 por ciento, pero actualmente sobrepasa el 50 por ciento y eso evidencia que algo no camina bien en el sistema.

“Aquí el que no tiene posibilidades de pagar por anticipado con importantes sumas de dinero, corre el riesgo de no ser admitido en un centro privado y de eso ya conoce el país muchos ejemplos”, manifestó el experto sanitario.

Para Castellanos, el sector privado por lo general se vende como un ejemplo de eficiencia, cuando en realidad no lo es. En muchos centros de ese sector los pacientes se manejan sin protocolo.

Abogó para que no se dilate más la entrada en vigencia del SFS ahora que, a su juicio, se ha puesto en evidencia la voluntad política del Gobierno para implementar la ley.