Las enfermedades de altos costos, también llamadas enfermedades catastróficas, constituyen un conjunto limitado de patologías que tienen un alto impacto económico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son aquellas enfermedades cuyo tratamiento involucra un costo directo mayor al 40 % del ingreso del hogar. Estas enfermedades necesitan procedimientos complejos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Los pacientes demandan tratamientos continuos, son casi siempre devastadoras e incurables, los resultados pueden llegar a la deficiencia, discapacidad y a la limitación funcional de sus actividades.
Como ha de suponerse cualesquiera de estas enfermedades son incosteables por la mayoría de la población, y son capaces de llevar a la pobreza a personas de clase media. Como consecuencia deben existir políticas gubernamentales, que a través de programas especiales, subsidien el financiamiento de las mismas.
Uruguay es uno de los países que más ha avanzado en la cobertura universal para enfermedades de altos costos, a través de un fondo especializado: Fondo Nacional de Recursos (FNR); que permite financiar una parte importe de los procedimientos y medicamentos para estas enfermedades; además de dar respuesta a las demandas judicializadas incoadas por las personas en el caso de aquellas no incluidas, donde hay fallos judiciales que obligan a la cobertura. El FNR se alimenta de varios mecanismos: con el aporte incluido en el descuento que realizan para el Fondo Nacional de Salud, en la cuota FNR que aparece en el recibo de su afiliación individual, por medio de impuestos (IVA, IRPF, ETC.), impuestos hasta el 20% de los premios de los sorteos de loterías, etc. Este fondo se maneja de manera institucional donde participan diferentes actores, cuenta con reglamentación y normativas de estricto cumplimiento.
¿Qué tenemos aquí? Bueno, en los pacientes del régimen contributivo de la seguridad social hoy existe cobertura de hasta un millón de pesos por año para unas 17 o 18 enfermedades de altos costos. Claro, conseguirlo no es algo que fluye espontáneamente, para lograrlo los pacientes tienen que pasar todo un viacrucis, por los diferentes obstáculos que les ponen las ARS.
Para los pacientes sin cobertura el gobierno a través del Ministerio de Salud en el Programa de Medicamentos de Altos Costos, cuenta con un presupuesto de unos 2,700 millones, de los cuales se benefician unos 15 a 17 mil pacientes. ¿Cuál es el procedimiento instituido para una persona poder acceder a dicho financiamiento? 1) Hacer una comunicación solicitándolo al Ministro de Salud; 2) foto copia de la cédula; 3) carta de la DIDA de no estar afiliada o no tener cobertura para el procedimiento o tratamiento; 4) expediente clínico con certeza del diagnóstico de la enfermedad; 5) recetas originales de la prescripción médica. Claro, aquí no está incluido el prerrequisito más importante “un buen padrino que agilice el proceso”.
Sería interesante hacer un ejercicio que cuantifique la conclusión de la afiliación universal a la seguridad social, costo real de procedimientos y tratamientos de las enfermedades de altos costos priorizadas, cuál sería la cápita para la cubertura, cuál sería el completivo a los 2700 millones para cubrir el financiamiento. La posibilidad de que dicho programa pase al Seguro Nacional de Salud (SENASA), tanto para el contributivo como para el subsidiado. Estamos hablando de que del catálogo de prestaciones de las ARS privadas, se eliminen las enfermedades de altos costos, y que la fracción de la cápita que corresponda a esa cobertura se le asigne al SENASA, siendo esta ARS pública la que se encargue de dar esta cobertura.
El MSP, SNS, SISALRIL, las Sociedades Especializadas y Academias, estarían definiendo los protocolos para cada una de las enfermedades de altos costos priorizadas; así mismo, debe haber iniciativas con el Consejo de Ministros de Centro América y Rep. Dominicana (COMISCA) para la compra conjunta que permita abaratar costos. Incluso, la utilización de la herramienta de Licencias Obligatorias o Importaciones Paralelas, que permiten el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC ( ADPIC). Es decir, existen mecanismos que nos pueden poner en condiciones de dar respuestas institucionales al problema de enfermedades de altos costos; y tener un sistema sin exclusiones, con acceso universal a servicios integrales, sin copagos, y de más justicia social, sin que medie el tráfico de influencia que solo perjudica a los más pobres. ¡Mano a la obra!