Avanzan por algunas áreas del territorio nacional, como enfocados en un segundo plano, procesos infecciosos de cíclicas embestidas como dengue, leptospirosis y malaria. Por retraso en boletines epidemiológicos se repara ahora en un crecimiento de casos en el 2020 con récord de 18 decesos por la leptospira y una letalidad de 18%, la más alta de todas. Además, 3,093 transmisiones de dengue es marca que alarma porque supera las del año anterior a la misma fecha (1,847). Manifestándose así, estos quebrantos delatan debilitamientos preventivos y curativos. El no bajar la guardia frente a dolencias transmisibles debería ser consigna que trascienda el mal de la pandemia que más atención ocupa, lográndose en ese particular una efectividad del sistema que abrió puertas a la desescalada.

Los focos infecciosos a partir de criaderos de mosquitos y deterioros ambientales que multiplican a los roedores portadores de bacterias que tienden a matar a los humanos, causan con su vigencia riesgos adicionales a los creados por el coronavirus. La preservación de la salud colectiva tiene que ser razonablemente una meta integral o la interacción de patologías iría en desmedro de todo cuanto se hace por controlarlas individualmente. Los basurales con agua estancada y desperdicios alimentadores de plagas, que las autoridades tardan en solucionar tras invertir muchos millones en eso, son parte del problema.

Paraguas para universidades

La educación superior ha lanzado un dramático llamado en medio de las obligadas paralizaciones para detener la propagación del coronavirus, pues los compromisos de pagos y mantenimiento de estos centros no han cesado mientras sus ingresos por matriculación están hundidos; y por la forma en que gran parte del estudiantado desiste de inscribirse y reinscribirse, se oscurece el panorama de la formación profesional. Un retroceso hacia una menor población universitaria, insuficiente de por sí. La crisis en pie reclama, y el Banco Central lo comprende y actúa seguramente, un trato preferencial en el marco de las medidas financieras de protección a sectores básicos de la nación. El retorno a aulas debe ser incentivado con auxilios económicos y acceso garantizado a empleos para los muchos dominicanos que necesitan trabajar para seguir en sus carreras.