El grado de capacidad que tengan las entidades públicas de asumir sus competencias legalmente asignadas, constituye el principal indicador del nivel de institucionalidad de un sistema político. Cuando este discurre con entidades que recurren constantemente a agentes y factores externos para su funcionamiento, el país da muestra de una enfermedad crónica.

Los recurrentes llamados e iniciativas de diálogos, la formación de comisiones y de llamados operativos (de salud, de limpieza etc.) surgidos de sectores de la clase políticas, de la sociedad civil y de la Iglesia Católica, son algunos de los síntomas de la enfermedad del sistema político dominicano.

Balaguer, que nunca creyó en la capacidad de esta nación en constituirse en una sociedad donde sean las instituciones y no las personalidades las normasen el discurrir de la vida política, social y cultural, siempre gobernó de manera autocrática, dirigiendo y despachando todo, él solo, o a través de comisiones que le rendían cuentas solo a él. Esa cultura de crear comisiones para discutir y tomar medidas sobre temas de incumbencia formal e institucional de determinadas instancias del estado, parece haber desnaturalizado las instituciones públicas dominicanas, y hasta las privadas.

Quizás, uno de los efectos perversos de esa cultura es que lo único institucionalizado en la administración de lo público en nuestro país, es que las instituciones sólo funcionan bajo el impulso de la subjetividad del momento y de las comisiones que se crean para realizar acciones o actividades que deberían ser de normal competencia de los funcionarios o agentes que integran dichas instituciones.

Además de la cultura de las comisiones, tenemos la cultura de los patronatos y de los consejos, e incluso, nos hemos inventado los «padrinos» o del «apadrinamientos» para el ornato de determinados espacios urbanos. En sí mismo, la creación de instancias para enfrentar cuestiones puntuales no es mala práctica, lo que es malo es el generalizado recurso a esa práctica, porque esas instancias circunstanciales se solapan con las instituciones formales a las cuales les correspondería hacer las funciones que de manera puntual se les asignan a aquellas y a veces hasta las sustituyen.

La creación de patronatos para administrar instalaciones deportivas, áreas públicas de recreación, parques naturales, sanitarias, educativas o de salud, etc, a la postre podría contribuir a una forma de privatización de lo público estimulando la irresponsabilidad en las instituciones públicas, las cuales deben ofrecer servicios de calidad. La insistencia de recurrir a estos patronatos, padrinos y comisiones, en el fondo que evidencian el prejuicio hacia las capacidades del servidor público y la creencia que sólo las personalidades tienen «capacidad de juicio y discernimiento».

Por otro lado, la desconfianza, la vocación a la pendencia y desconocimiento del contrario, que caracteriza las relaciones entre las principales fuerzas políticas del país, ha determinado la mala práctica de éstas, de dirimir los grandes problemas y crisis políticas, a través de los llamados diálogos entre sus jefes a la sombra y arbitraje del manto de la sotana. Es por eso, que en gran medida y sin que tenga ninguna formalidad ni legalidad, sectores de la iglesia Católica se comportan como si fuesen una de las componentes políticas del sistema, con el agravante de que más que opiniones, parecen dar órdenes sobre cómo y donde se deben resolver determinados temas. Como si tuviesen investidos de algún mandato popular para tales fines, constituyéndose en una suerte de mediación informal, ejercida a través de un activo como ineficaz dignatario eclesial.

El diálogo entre fuerzas políticas y otros actores sociales, para discutir y tomar decisiones sobre determinados temas, constituye uno de los tantos recursos de que se vale un sistema político para su funcionamiento, pero cuando a este se recurre, casi como la única forma en que puede discurrir el sistema, la consecuencia es que las instituciones políticas dejan de cumplir sus roles en la estructura social global. De ese modo, el Congreso, los ayuntamientos, las instituciones del gobierno y los propios partidos, pierden sus reales facultades de discutir y resolver los temas de su exclusiva competencia.