Enfrentar al autoritarismo

La Suprema Corte de Justicia acaba de lanzar un importante reto al autoritarismo que predomina en la sociedad dominicana. El máximo tribunal emitió en días recientes la resolución número 1920 en la que se reconocen 21 principios fundamentales a tomar en cuenta para un “debido proceso de ley”. En lo adelante, ninguna persona podrá ser legalmente privada de su libertad sin la autorización de un juez competente, habrá plazos perentorios a cumplir para la realización de un proceso, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, así como muchas otras normas dirigidas a proteger los derechos de los ciudadanos acusados de algún delito.

Dichos principios debieron haber estado en vigencia desde hace varias décadas en un Estado que se considera moderno, pero no ha sido así. La explicación de esto reside en que los dominicanos hemos vivido durante las dos terceras partes del siglo recién pasado bajo regímenes tiránicos, cuando no fuertemente autoritarios disfrazados de democracia. Diez años de ocupaciones militares abiertas de Estados Unidos, treinta y un años de tiranía trujillista y veinte años del despotismo de Balaguer trataron de imprimir un sello de eternidad al abuso. La inercia gubernamental llevó a que las pausas supuestamente democráticas, “guerra fría” incluida, estuvieran saturadas de métodos violentos para la atención a problemas sencillos de la ciudadanía. En resumen, puede decirse con propiedad que en República Dominicana se pudieron disfrutar las libertades públicas verdaderamente democráticas sólo durante los siete meses de gobierno que encabezara Juan Bosch en 1963. De ahí que la resolución 1920 emitida por la Suprema Corte de Justicia haya sido recibida como una afrenta por quienes han manejado el Estado ignorando las leyes y abusando de la dignidad humana para su propio beneficio. Por lo tanto, el reto de los magistrados supremos al irrespeto a los derechos humanos está lanzado y la ciudadanía debe respaldarlos con vigor para mejorar la salud social del pueblo.

El fundamento de toda autoridad está en las ventajas obtenidas por el que obedece. Y la resolución 1920 reviste al ciudadano común de una protección de la que ha carecido durante toda su vida. No obstante, resulta lógico que muchos funcionarios gubernamentales, civiles y militares, prefieran el irrespeto a los derechos humanos porque así pueden garantizar su impunidad ante los atropellos que cometen. Lamentan ahora esta intervención de la Suprema Corte de Justicia porque le pone freno a los “intercambios de disparos” de la Policía Nacional que cobran centenares de víctimas cada año. Ese método tan cotidianamente utilizado por las autoridades encontrará más atención ahora cuando para cualquier gestión oficial se exige la presencia y la autorización de un juez competente. Resultarán lesionados en su economía los “industriales” de las intercepciones telefónicas quienes podrían ser perseguidos judicialmente por esa actividad. El pinche telefónico necesitará en lo adelante una autorización judicial y no podrá ser comercializado abiertamente como ahora se hace. Quizás en lo adelante puedan aumentarle el precio a esos servicios por su condición de ilegal. Las “razzias” indiscriminadas llamadas Centella, Guaraguao o Ciudad Segura tendrán que ser suspendidas y la ciudadanía lo agradecerá. El cambio será notable si los abusadores de siempre se ven obligados a respetar la ley.

Como es lógico, el autoritarismo tienes sus sofistas e ideólogos que ahora acusarán a la Suprema Corte de Justicia de proteger a la delincuencia. Lógica reacción de aquel al que le quitan su poder de decisión sobre la vida y la propiedad ajenas. Los que se han beneficiado del abuso tratarán por todos los medios a su favor de impedir que esto funcione. Sabotearán cuanta medida esté a su alcance y le buscarán la quinta pata al gato con tal de evitar que la justicia se modernice y que los acusados tengan algún derecho a su defensa. Esos siempre sentirán nostalgia por los tiempos de la ocupación militar norteamericana, de la tiranía de Trujillo o del despotismo de Balaguer. Para ellos el atropello siempre ha sido una opción previa a la legalidad y el derecho ciudadano.

Este debía ser el principio del fin de la política del ¡Tránquenlo en lo que se investiga! Las autoridades van a tener que trabajar para conseguir un auto de detención aprobado por un juez para privar de su libertad a un ciudadano. De alguna manera la inmensa mayoría de presos preventivos va a disminuir porque ya ningún policía o militar debía detener a una persona, encerrarla en un calabozo y olvidarse de éste para siempre. Saludemos la decisión de la Suprema la cual se caracteriza por estar ganándose la máxima autoridad aunque cuente con un mínimo de poder dentro del Estado. Démosle todo el apoyo que le haga falta porque en definitiva va en beneficio de todos.