La Coalición Educación Digna, compuesta por decenas de organizaciones que mantienen al país en el activo reclamo de un mayor presupuesto para Educación, se prepara para elevar un recurso de inconstitucionalidad si la Cámara de Diputados ratifica la derogación de la ley del 4% que ya el Senado aprobó a la carrera el pasado viernes.

La decisión de la Cámara Alta provocó enérgicas reacciones en diversos sectores.

María Teresa Cabrera, de la Coalición, consideró que el Senado puso en evidencia la falta de voluntad  política para hacer de la educación una actividad importante.

El Foro Social Alternativo y la Asociación Dominicana de Profesores también criticaron la derogación.

Si la Cámara de Diputados también comparte  la derogación “transitoria” por el Senado del artículo de la Ley de Educación que ordena el 4% del PIB a Educación,  la Coalición Educación Digna someterá un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

El anuncio fue hecho ayer por miembros de la entidad, tras la reforma que el viernes  derogó la Ley.

María Teresa Cabrera declaró  que la decisión del Senado, bajo absoluto control del Gobierno del PLD,   evidencia falta de voluntad política para reconocer en la educación una actividad vital para el Gobierno y sus  senadores, su esencia antidemocrática y de violación a la Constitución que ellos mismos aprobaron.

Recordó que la Constitución es clara cuando dice que la inversión en la educación es creciente y sostenible, de acuerdo con el crecimiento económico del país, que no se cumple a pesar de que el Gobierno habla todos los años de crecimiento  económico.

Advirtió que esa jugada gubernamental ejecutada por  los senadores no detendrá la campaña por el 4%, que el movimiento no bajará la guardia sino que se  obliga a recurrir al ámbito legal, ante una evidente violación a la  Constitución.

Víctor Gerónimo, del Foro Social Alternativo, interpretó  la táctica oficialista en el Senado como  una reacción al golpe político y a la presión del pueblo que, ante una situación de hambruna, miseria y pobreza, despierta para exigir que se cumplan las  promesas de fortalecer   la educación como vía para  lograr su mejoría.

“Esa es una decisión histórica y fuera de foco, porque no es verdad que la Coalición Educación Digna se quedará con los brazos cruzados, ni tampoco el pueblo dominicano. Por ahí viene entonces el recurso de inconstitucionalidad y la experiencia política de que este Gobierno no quiere lo mejor para el pueblo”, dijo.   

Ámbar Ortiz,  de Juventud Caribe dijo que la decisión del partido de gobierno en el Senado  no representa al pueblo ni muestra que los legisladores son representantes suyos en el Congreso, y espera que los diputados no hagán lo mismo.

De igual modo, Carlos Alfredo Rosario y Pedro Araujo, también de Juventud Caribe,   lamentaron el caso y dijeron que los senadores no tienen calidad ni autoridad para decidir, pues  anularon la Ley 66-97  por instrucciones de su partido, y estimaron que la decisión con que anularon el  artículo del 4% en la Ley 66-97 es un irrespeto contrario al deseo de la mayoría del pueblo.

Juan Núñez,  dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, filial Santiago, dijo que el Senado se coloca de espalda a los intereses de la nación dominicana, porque en el país ha habido un reclamo casi generalizado de que el Gobierno acate la Ley del  4% del PIB a Educación.

Indicó que la jugarreta de los senadores constituye una vergüenza nacional que debe ser rechazada.

Cámara de Diputados adelanta sesión

La Cámara de Diputados adelantó para  mañana lunes, cuando el opositor PRD anunció que reunirá a sus diputados, la sesión del martes que deberá  agilizar el conocimiento del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos correspondiente al 2011 con sus modificaciones.

El presidente del organismo legislativo, Abel Martínez, convocó a sus colegas para  las 3:00 de la tarde. También para mañana  está fijado en el Tribunal Superior Administrativo   el recurso de amparo interpuesto por la Coalición Educación Digna que exige que sea acatada la ley 66-97 que ordena la  asignación del 4% del PIB a Educación.

 El recurso fue presentado por los abogados Juan Manuel Pellerano Gómez, Luis Miguel Rivas, Elizabeth Mateo, Luis Rafael Pellerano Cabral y Federico Ortiz Galarza, a nombre y representación de la Coalición Educación Digna, conformada por 165 organizaciones de la sociedad civil más  1,265 ciudadanos y ciudadanas.   Elizabeth Mateo, del movimiento  Toy Jarto, hizo un llamamiento  a la población para que concurra masivamente  frente al Congreso Nacional, para pedir a  los diputados no ratificar el Presupuesto del 2011  como lo aprobó  el Senado el vienes y, por el contrario, restauren la legalidad consignando el  4% del PIB para el sector educativo.