Después de finalizar el primer acuerdo con el FMI a finales del 2007, que coincidió con el inicio de la campaña electoral para reelegir a Leonel Fernández en el 2008, el país quedó prácticamente en bancarrota después de despilfarrar RD$45,000 millones en proselitismo y toda clase de vagabunderías. Eso fue suficiente para poner al país a un paso de la insostenibilidad fiscal. 

Por ello, el Gobierno llamó de urgencia al FMI meses después de esa perniciosa reelección, para negociar un nuevo acuerdo que concluye en febrero del 2012, precisamente meses antes de las elecciones presidenciales. El ministro de Hacienda llegó a decir que sin la entrada de recursos del FMI, el Gobierno no tendría dinero para pagar la regalía del 2009.  

En este nuevo acuerdo, el Gobierno jamás ha cumplido ninguna de las 6 revisiones realizadas y el FMI ha suspendido los desembolsos en dos ocasiones. Por ejemplo, en la sexta revisión aprobada en julio, el gobierno se comprometió a controlar el gasto con un tope al déficit fiscal de RD$33,000 millones, no atrasarse en el pago de los generadores y enviar al Congreso dos leyes relacionadas al sector eléctrico. También debían coordinar con el FMI la elaboración del presupuesto para el 2012.

El Gobierno las incumplió todas. El déficit terminará en alrededor de RD$55,000 millones, le debe a los generadores unos US$140 millones con atraso de más de 45 días, no enviaron las referidas leyes al Congreso donde la tarifa se incrementaría entre un 15 por ciento y 20 por ciento y aprobaron un presupuesto que ahora el FMI dice que es irreal. 

¿Y por qué el Gobierno aceptó ese aumento de tarifa? Simplemente porque desbloqueó el desembolso de US$500 millones que estaban retenidos por el FMI por la suspensión del acuerdo entre enero y  junio. En ese momento su situación fiscal era muy crítica y si había que fusilar a 10 dominicanos, también lo habrían hecho para evitar una corrida cambiaria.

Llega entonces el mes de septiembre y al no cumplir sus compromisos para la séptima revisión, el acuerdo vuelve a suspenderse teniendo que unirlo con la octava revisión, que se iniciaría a mediados de octubre, con otro desembolso de unos US$500 millones, si todo se resolvía. 

Pero todo explota cuando a principios de noviembre se hace pública una carta muy cariñosa del  jefe de la Misión del Fondo dirigida a Temo, Héctor y Daniel, en la que les dice que todo está mal, comenzando por la economía, que acusa un deterioro desde la última revisión en junio.

 En efecto, la carta en cuestión conmina al Gobierno a ajustar la tarifa de energía en un 18%, bajar el gasto público, enviar las dos leyes eléctricas al Congreso y cambiar el presupuesto del 2012, porque las proyecciones de crecimiento están muy lejos de la que prevé el Banco Central.

Un desastre que escandaliza y aloca al Gobierno, comenzando por un despistado Reynaldo Pared Pérez advirtiendo que el Presidente Fernández jamás aceptaría ese aumento de la tarifa eléctrica.  Temo, por su parte, lo manda a callar y le dice que ese asunto no es de su competencia, y Marranzini se hace el loco amenazando con renunciar cuando fue parte de la negociación.

En fin, volvemos a la misma historia del 2000 con el caso de los combustibles y el gas, que creó un hoyo fiscal inmenso heredado por el Gobierno de Hipólito Mejía. Ahora el presidente Fernández aparenta no querer afectar la candidatura de Mamá y de pa…qué te cuento, pero en su subconsciente busca joder de nuevo a Papá, porque sabe que es su heredero indiscutible.