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LA PAZ (AFP).- La Fiscalía de la República imputó el lunes a Gonzalo Sánchez de Lozada, por cargos de genocidio, en la apertura formal de un juicio de responsabilidades radicado en la Corte Suprema contra el derrocado presidente de Bolivia.
A más de cuatro meses después que el Congreso autorizara su procesamiento, por supuesta responsabilidad en la muerte de entre 60 y 80 personas a manos de fuerzas militares y policiales, el fiscal Pedro Gareca ordenó la imputación formal del ex mandatario liberal en la ciudad boliviana de Sucre (sudeste, a 700 km de La Paz).
«Hoy se ha presentado la imputación formal dentro el juicio de responsabilidades que se sigue contra Gonzalo Sánchez de Lozada y todo su gabinete», confirmó el asesor jurídico de la Fiscalía, Jaime Tapia.
La apertura formal de juicio contra Sánchez de Lozada, también sindicado por unas 500 personas que resultaron heridas de bala, implica a sus dos ministros de Defensa y Gobierno (Interior), Carlos Sánchez y Yerko Kukoc respectivamente, acusados también de genocidio.
Tal como lo dispuso el Congreso, el trámite también afecta, por «complicidad», a otros trece ministros del ex gobernante, quien renunció el 17 de octubre de 2003 presionado por una sangrienta insurrección popular, en medio de una crisis política de dimensiones.
La acusación formal por parte de la Fiscalía fue anotada en la Sala Penal de la Corte Suprema, cuyos miembros deberán elevar un informe de conclusiones en un plazo no mayor a de seis meses, para que Sánchez de Lozada sea sometido o no a un juicio oral. «Será la sala penal la que autorice la acusación contra los imputados y así se pasará a la sala plena donde se llevará a cabo el juicio oral», explicó Tapia.
La imputación contra el depuesto gobernante fue aplaudida por un Comité Impulsor del Juicio (CIJ) contra Sánchez de Lozada, radicado en Estados Unidos hace 15 meses.
Un vocero del Movimiento Al Socialismo, la primera fuerza política boliviana que lidera el cocalero Evo Morales, principal acusador del ex presidente, consideró que «el ministerio público está dando un paso muy importante para que termine la impunidad en este país».
El presidente de la independiente activista Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, Sacha Lorrenti, también parte de CIJ, subrayó que «ahora con la imputación estamos empezando formalmente el proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores».
El presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, se limitó a comentar que «la sala penal va a tramitar conforme a como corresponde».
Antes de la demanda, una decena de propiedades inmuebles de Sánchez de Lozada, por un valor cercano a los dos millones de dólares, fueron anotados preventivamente por la oficina de Derechos Reales, para evitar una eventual transferencia de títulos.
La actuación del fiscal Gareca se registró al tiempo que organizaciones campesinas cerraron vías que comunican Sucre con el resto del país, en demanda de la aceleración del proceso.
