MANUEL E. GÓMEZ PIETERZ
Las razones y principios que sustentan lo que podría denominarse: “reforma tributaria compensatoria”, son incuestionables en el plano de una estricta formalidad.  Nadie puede razonablemente negar ni objetar que la ampliación del mercado interno por vía de un acuerdo de libre comercio, que cambia drásticamente la base tributaria de afuera hacia adentro, demande una reestructuración compensatoria de un sistema tributario que se ha tornado obsoleto.  Así mismo es inatacable que para el cabal  cumplimiento de sus fines y responsabilidades, todo Estado requiere una fuente eficiente y suficiente de ingresos.

Lo que complica la cosa, e introduce en la mente de la gente el germen de la sospecha del “más de lo mismo”, es el celo afanoso del gobierno en una eficiencia recaudadora divorciada de la de un gasto público carente de ruta programática, y a merced de la garra de los corruptos y su impunidad.  La ética de la acción recaudadora, debe sustentarse en el adecuado, lógico, y prioritario manejo del gasto fiscal.  El abrumado ciudadano común percibe cómo su calidad de vida se deteriora en medio de un estado de creciente inseguridad y de una dispendiosa y “e’palantista” campaña propagandística oficial neutralizadora de medios, y prematura avanzada de la venidera contienda electoral.  Que obviamente el contribuyente -no el gobierno- debe pagar.

Es económicamente contraproducente y socialmente trastornador, fijar metas de ingreso fiscal sin frenar la hemorragia del gasto.  La formal, justa, y funcional dimensión del gobierno, debe preceder a la incontenible gula tributaria.  Sólo así el concepto “necesidad de ingresos”, cobra sentido real y objetivo, no contaminado por la voracidad del clientelismo político.  Aún más injusto y trastornador es pretender implantar “la reforma” sobre la inmoral tabla rasa del borrón y cuenta nueva al amparo de una impunidad negociada.  Hoy, el vapuleado contribuyente deberá pagar hacia el futuro, el enorme sobre gasto que la rampante e impune corrupción del pasado cuatrienio le ha impuesto.  Piénsese tan sólo en el servicio de una deuda externa duplicada.  Más de ¡tres mil millones de dólares!, una parte sustancial de la cual, aún no determinada, reposa tranquilamente en el marsupial bolsillo de innumerables políticos “honorables”.

La megalomanía de nuestros políticos clientelistas, los induce al ejercicio y control de un gobierno hipertrofiado.  Nuestros gobernantes suelen cifrar la prestancia  de su gestión en las dimensiones del gobierno, no en su eficacia, medida por el tamaño mínimo compatible con el máximo número de objetivos positivos.  Los impuestos, más que a la solución prioritaria de problemas, se orientan a sobre dimensionar el gobierno.  Aquí a los funcionarios, expertos, o asesores, no se les asignan asuntos de importancia mayor, sino rangos, Secretarías de Estado, y “yipetas”.  Como saldo, la burocracia devora más recursos que los problemas en sí.  El gobierno se deshumaniza, se aleja del ciudadano común y en lugar de institución ordenadora, se convierte en fuente de conflictos y multiplicador de calamidades; acabando por perder la confianza, el afecto y el apoyo de la gente defraudada.  En lo sucesivo la gobernabilidad no se negocia en el ágora pública ante el pueblo; sino en los aposentos de la oposición enriquecida que aspira volver.  Refiriéndose a los gobiernos, el padre de la India, Mohandas Gandhi, dijo: “No puedo sentir respeto ni afecto por un gobierno que se mueve de mal en peor para defender su propia inmoralidad”.

Es inmoral dictar una legislación que hasta dispondrá de un mecanismo jurisdiccional propio “para castigar severamente ‘el fraude’ eléctrico”, mientras los políticos que desfalcaron el erario de este país con miles de millones de pesos, se pasean alegres y desafiantes disfrutando de su malhabida riqueza con impunidad absoluta.  ¡Robar millones de pesos es un crimen menor que robarse un kilovatio!  A un servicio de electricidad que de hecho ha devenido en un anárquico sistema de apagones que el propio gobierno ha admitido que está fuera de su control.  Para que la medida represiva sea pragmáticamente operable, le sugerimos al gobierno la instalación de un vasto campo de internamiento y concentración para pobres infelices.  Porque “la gente bien” no roba.  Eso dirán los “nohalugareños” jueces.  ¡Que los hay!  Razón tenía Emmanuel Kant al afirmar: “la leyes pierden en energía, lo que los gobiernos ganan en tamaño”.

Por último, y no por menos importante, una breve reflexión sobre la corrupción y la necesidad de su castigo con finalidad dual.  En lo ético la penalidad opera como fuerza sustentadora del sistema normativo de la sociedad, como forma de poner en evidencia lo que está bien y lo que está mal, de discriminar lo uno de lo otro, un recurso para medir y calificar el prestigio personal como prerrequisito del ascenso social.  En lo legal la sanción penal opera como recurso de reparación y resarcimiento del daño que el acto de corrupción ha infligido a la sociedad.  Pero sin pretensión de pontificar desbordando nuestra ignorancia y meternos en camisa de once varas; a la corrupción política hay que enfocarla bajo la luz penetrante del pragmatismo.  Porque para quienes han perdido un poder tan lucrativo, recuperarlo no tiene límite de costo si conservan intacta su capacidad financiera.  Al volver al disfrute de la cosa pública se resarcirán con creces y a favor de los suyos, podrán establecer una dinastía política de sistémica corrupción.   

Si nuestra imperfecta y maltrecha “democracia” ha de sobrevivir; si el inminente colapso del maleado y desenfrenado sistema de partidos se pudiera evitar; que el preocupante peligro de un estallido social se pueda disuadir: todo ello dependerá de la vigilancia y el grado de conciencia de la ciudadanía para inducir en quienes gobiernan, la dosis de pragmatismo que es necesaria para quebrar la hasta el momento, intacta capacidad financiera de los corruptos.  ¡Que a brazo partido quieren volver!