Las ideas que esbozaremos en esta entrega, la empezamos a desarrollar en nuestro escrito de la semana anterior sobre “Hechos y situaciones que deben corregirse”.  En esta ocasión, abordaremos el tema de los salarios públicos al existir una gran desigualdad entre los miembros que desempeñan diferentes labores para el Estado Dominicano.  La disparidad es tal, que a veces pensamos que los que fijaron salarios de miseria para una clase laboral que debe recurrir al pluriempleo para subsistir,  se ensañaron contra ellos para demostrar, no sólo su superioridad frente a ellos, sino la total subordinación de sus designios frente a los desposeídos, quienes además no tienen a quién recurrir para reclamar sus derechos por tan calamitosa discriminación.

El Ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, ha venido señalando la necesidad de que el Senado de la República acoja con beneplácito la Ley que regulará los salarios en el sector público, anteproyecto que ya había sido aprobado y sancionado en la Cámara de Diputados en el mes de enero del año que discurre.  Según el ministro Ventura Camejo: “Esta ley tiene tanta trascendencia para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática como la ley de partidos políticos o la ley electoral”.  Dado lo complejo que resulta el tema salarial por sus diferentes valoraciones y las dificultades que presenta debido a lo disímil de la categoría de los asalariados, se realizó un estudio comparativo de los mismos en toda América Latina.

Resulta contraproducente y hasta urticante, para lo cual sólo señalaremos un sólo ejemplo de los muchos que hay en la administración pública. El Gobernador del Banco Central gana aproximadamente dos millones de pesos mensuales, más dietas, viajes, automóvil, chofer y otras facilidades, mientras que un policía o raso del ejército nacional gana apenas el salario mínimo de cinco mil pesos.  Si tomamos en cuenta  que un agente de la policía arriesga su vida permanentemente, nos damos cuenta de la iniquidad que significa que a estos servidores públicos no se les aumente el salario a costa de la reducción del salario de los funcionarios de “primera”, que ganan, no sólo el altísimo sueldo señalado, sino que además se han pensionado percibiendo también otra tajada por esa irregular condición.

En esta semana, hemos tenido conocimiento de un hecho vergonzoso en donde los regidores del Municipio de Puerto Plata pretendieron duplicarse el salario de R$45,000.00 hasta RD$90,000.00 y el presidente de la Sala Capitular aspiraba a la no despreciable suma de RD$150,000.00.  Debemos recordar que hasta hace poco tiempo las funciones de regidores o ediles eran “honoríficas”, ya que se consideraba una honra estar designado en esas funciones.  Lo peor del caso es que estas personas sólo asisten tres o cuatro veces por mes a las sesiones que son convocadas y en alguna ocasión, si no asisten, cobran igualmente la dieta.

Hay que también ponerle coto a los legisladores que se arrogan la facultad de aumentarse el salario, las dietas y emolumentos en donde se han inventado un engendro denominado “barrilito” para apropiarse de sumas, dizque con la intención de “hacer obras de carácter social”, lo cual, a nuestro juicio, no debe ser función de un funcionario que se eligió para legislar.  Asimismo, la perniciosa práctica de percibir dos exoneraciones de vehículos, en donde algunos de ellos tiene el tupé de comprar vehículos de súper lujo, como Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Maserati, Ferrari y otros bólidos, para venderlos más luego  a personas adineradas y ganarse un dinero ilícito, lo cual debe ser considerado un acto grave de corrupción.  Debemos aspirar, a que sólo tengan derecho a traer un solo vehículo utilitario con un precio razonable fijado previamente con la condición de que lo mantengan en  su poder, al menos durante un año.

En definitiva, todos los ciudadanos conscientes que se enervan cuando tienen conocimiento de un salario elevado devengado por un encumbrado funcionario que se regodea cuando percibe el mismo en un país tan pobre como el nuestro; debemos cerrar filas y apoyar esta Ley que regulará esos desafueros, para que exista cierta concordancia y un espíritu de equidad entre los diferentes servidores públicos. De ese modo, la discriminación salarial será una cuestión del pasado.