Como candidato jura frente al Altar de la Patria y antes los Padres de la Patria, Duarte, Sánchez y Mella, que de ser elegido presidente en los próximos comicios de mayo, cumplirá y hará cumplir la Constitución y las leyes de la República, para que éstas sean respetadas por todos los dominicanos y dominicanas, y para que nunca más nuestra Carta Magna sea considerada un pedazo de papel, como la juzgaba quien hoy los perredeístas llaman el padre de la democracia dominicana, tratada con igual desprecio por los gobernantes que le han sucedido y con su silencio, otros poderes del Estado.

Sí promete también someter al Congreso Nacional, aunque éste le sea adverso, la modificación del controvertido artículo 55 de la Constitución, que tanto se abusa de sus prerrogativas, y pensar en lo beneficioso que sería para el país, modificar la estructura del Poder Legislativo para que este se ejerza por un Congreso Unicameral, con una representación de dos miembros por cada provincia y el Distrito Nacional, para acabar con la confección de los «trajes a la medida marca congresional», que tanto daño le ha hecho al país, y establecer que las personas elegidas en cada provincia no sean de un mismo partido, por lo que se escogerían los dos candidatos más votados por los partidos en pugna, para su representación en el nuevo Congreso.

Con el sistema unicameral el famoso hombre del maletín desaparecería del escenario del hemiciclo, así como las decenas de ONGs que tanto les cuesta al Estado, creadas por los legisladores para auto favorecerse y mantener económicamente sus tendencias con miras al futuro, porque los partidos políticos escogerían las personas más calificadas y capacitadas de cada demarcación política para su nominación en los cargos electivos, para lograr que sean favorecidas con el voto popular.

Considero más que suficiente sentidos personas para legislar, porque para hacer leyes no se necesita cantidad, sino calidad de personas capacitadas moral e intelectualmente, que asuman con dignidad, patriotismo y responsabilidad, las atribuciones que le confiere la Constitución de la República al Congreso Nacional, y no para legislar como sucede en la actualidad, en beneficio de los intereses del partido gobernante.

Resulta una irrefutable verdad, que en nuestro país los partidos políticos no escogen las personas más idóneas y representativas de las comunidades para su representación en el Congreso Nacional, sino que las «tendencias» se reparten los curules y postulan candidatos por el solo hecho de haber nacido en la demarcación política que van a representar, quienes no conocen sus necesidades, y a veces resultan totalmente desconocidos por los votantes de dicha circunscripción. Aunque usted no lo crea, la mayoría de nuestros legisladores residen en Santo Domingo.

El «chorro» de dinero que se ahorraría el Estado con el sistema unicameral, serviría para saldar la enorme deuda que tiene con sector energético, que «apagaría» los maldecidos apagones económicos, porque la luz se haría inmediatamente.

Si la ley es igual para todos como lo estable el inciso 5 del artículo 8 de nuestra Constitución, el candidato debe prometer que someterá a la acción de la justicia, como se hace con el infeliz ratero, a todas aquellas personas que hayan incurrido en la malversación de los fondos del Estado, no importa su investidura, incluyendo a los del anterior gobierno que se dieron «banquete» con el torrente de dinero que fluyó del manantial PEME a lo largo de todo el territorio nacional y mantener invariable esa conducta durante su mandato. También prometer hacer respetar la inviolabilidad del secreto de la comunicación que consagra el inciso 9 del mismo artículo, tan violada por los gobernantes de turno.

Sí, decide con carácter y valentía, detener la llamada invasión pacífica de los haitianos, acto que constituye una intervención indirecta que atenta contra la integridad del Estado, consagrada en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, que gobierno alguno ha tenido el coraje de enfrentar después de liquidada la tiranía trujillista. Recientemente la Directora Adjunta del Programa Mundial de Alimentos, (PMA) Sheila Sisulo, dijo en Panamá que durante diciembre 2003 y principio de enero 2004, cruzaron la frontera hacia República Dominicana 25,000 haitianos. «HOY» 31-01-04.

Si hace cumplir el mandato del artículo 7 de nuestra incumplida Carta Magna que dice: Es de supremo y permanente interés nacional el desarrollo económico y social del territorio de la República a lo largo de la línea fronteriza, mandato constitucional posible de realizar a mediano plazo, emulando el exitoso plan de incentivos del doctor Balaguer para el desarrollo de la zona industrial de Herrera, zonas francas y turística de Playa Dorada, Puerto Plata, actualizado a las demandas de este mundo globalizado.

Si se desarrolla la frontera con criterio dominicanista, no político, ésta región tan olvidada por todos los gobiernos, se iría poblando paulatinamente a medida que surjan las fuentes de trabajo, que atraería gente de diversas capacidades de todos los rincones del país para establecerse allí, nada de dominicanos y dominicanas que se convertiría en el contén natural de la silenciosa y taimada invasión haitiana.

Es una indiscutible verdad que la gente afluye a los centros donde piensa que puede conseguir trabajo, Santo Domingo hoy es un ejemplo, porque cada día más gente llega a la capital buscando trabajo. A principio del siglo pasado la meca de trabajo era San Pedro de Macorís, gracia a sus siete ingenios azucareros que generaban empleos al granel y miles de dominicanos de todo el territorio nacional se asentaron a todo lo largo de esa provincia por la abundancia de trabajo, incluyendo a cientos de puertorriqueños que se establecieron tanto allí como en La Romana. La provincia de Monte Cristy también movilizó gente carente de trabajo de todo el país, al salir de su letargo económico, cuando en la década del 40 del siglo pasado, la Grenada Company sentó sus bases en territorios áridos e inhóspitos de esa región, habilitó el puerto de Manzanillo y la prosperidad no se hizo esperar en todos sus entornos, bonanzas acogotada en el decenio del sesenta por las constantes exigencias de nuestros políticos.

La política de centralización de las industrias y otras fuentes de trabajo en Santo Domingo, resulta enajenante, porque empobrece a las demás comunidades del país por carecer de fuentes de trabajo, situación que empuja a sus habitantes desplazarse a la capital para buscársela como sea. Ejemplos de justificación sobran. El muelle de Haina, prácticamente incorporado a la capital, está abarrotado de furgones con mercancías para distribuirlas a todas las latitudes del país, mientras que el de Puerto Plata, que por su ubicación debería movilizar las importaciones y exportaciones del Cibao y el norte del país, permanece desierto. Lo mismo ocurre con el de San Pedro de Macorís, otrora «columna vertebral de la economía dominicana» que ya ni su azúcar se embarca por su puerto. El ferry Mayagüez-San Pedro, lo desviaron para la capital, porque el gobierno no realizó una pequeña inversión para mejorar el atracadero del ferry, y la construcción del proyectado mega puerto se paralizó, porque el poder económico y político de estos lares, decidió la construcción del Multimodal Caucedo, por lo que de continuarse con esa errónea política, la provincia de Santo Domingo muy pronto pasará de los cinco millones de habitantes, con una próspera delincuencia.

Es de inmediata importancia la institucionalidad del país y observar una política económica más racional y coherente, teniendo muy presente que Santo Domingo es solo una parte de la República Dominicana, y que las otras veintinueve provincias necesitan también desarrollarse, para una vida mejor de sus habitantes.