La contundente victoria del candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, MAS, en las recientes elecciones en Bolivia, constituye una lección para Evo Morales, la dirección de ese partido, para la clase política boliviana y de toda la región, incluyéndonos nosotros como país.

El carácter concluyente de esa victoria, poco tiempo después de que Evo y su partido fuesen expulsados del poder, expresa la profundidad de las transformaciones que, sobre todo en el orden social, produjo el MAS en la sociedad boliviana.

Enseña también que, para ser sostenible, todo proyecto de cambio debe descansar fundamentalmente en una sólida política económica, de participación y de inclusión social.
Luis Arce, economista de izquierda, quien condujo esa política, es el hoy presidente electo de ese país y su vicepresidente David Choquehuanca, de los fundadores del MAS, de la etnia aymara y de fuerte arraigo en las bases indígenas de ese partido. Nada casual.

Más que en grandes cambios estructurales en el aparato productivo, el énfasis principal en la conducción de la economía boliviana se centró en el gasto público en educación y salud, que son áreas donde con mayor crudeza se expresa la pobreza. Igualmente, durante los gobiernos de Evo Morales se produjo un significativo incremento salarial de los trabajadores del sector formal y para eso jugó un papel esencial la tradición de las luchas del MAS por la inclusión social.

El producto interno bruto creció un 327% en los últimos 13 años, lo cual se reflejó en la mejoría de las condiciones de vida de la población más pobre. En el 2005 la pobreza era de un 65%, igual que Honduras, sólo superado por Haití; en los primeros 12 años de gobierno de Evo, siendo Luis Arce ministro de economía, ese nivel de pobreza se redujo a un 35% y la pobreza extrema, de un 38% se bajó a un 17%.

Del 2006 al 2017, el ingreso anual per cápita se triplicó, pasando de 1.120 dólares a 3.130. La deserción escolar primaria se redujo del 6,5% al 1,8; se estableció la Renta de la Dignidad, una paga a los mayores de 60 años, jubilados o no; la esperanza de vida subió de 64 a 71 años, un sólido indicador de la mejoría de las condiciones de vida de los pobres y de las capas medias.

El control del Estado sobre sus recursos mineros y energéticos permitió financiar esas y otras reformas sociales. Además, por una Constitución que consigna la democracia representativa, participativa y comunitaria como pilares del poder.

Ahí radicaba la fortaleza del proceso transformador, no sólo en la figura de Evo como éste lo creyó, al desconocer los resultados del referendo que impedía su repostulación, imponiéndola contra el sentir de su partido.

No entendió que nadie es imprescindible y que la única garantía para que un proceso de cambio sea éxitos y sostenible es la profundidad de las transformaciones sociales, económicas y políticas logradas en ese proceso.

Esa profundidad diferencia el proceso boliviano de otros de signos progresistas de la región, permitiéndole al MAS volver rápidamente al poder venciendo el ancestral odio racista y clasista de la oligarquía boliviana.

No pueden hacerse grandes transformaciones sociales sin el control determinante del Estado sobre los grandes recursos mineros y energéticos nacionales, si se tienen, sin situar la gente como principal sujeto de cambio y sin respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Eso enseña el proceso boliviano.