El movimiento mundial para que se legalice el consumo de estupefacientes avanza con pasos muy lentos; parecería la marcha de una tortuga enferma. He repetido que lo que hace rentable el negocio es la prohibición, pues nadie pagaría extra, robaría o mataría por lo que puede lograr con facilidad. La mayoría de las personas e instituciones opuestas a ese proceso se portan como aliados programados, no circunstanciales, de los narcotraficantes y sus  emporios.

Desde el principio del sonado caso del boricua José David Figueroa Agosto y sus doncellas, he planteado que la forma en que se ha manejado el asunto, policial y judicialmente, ha sido una combinación de comedia y novela de mal gusto, donde el argumento central cambió de narco-dólares a sexo y viceversa, hasta el nuevo capítulo de intercambio de información por modificación de condenas. Sin embargo, lo fundamental no se ha tocado en ningún segmento de la serie. Se está dejando de lado lo que social, política, policial y judicialmente debe tener relevancia, que son los asesinatos cometidos para borrar evidencias o potenciales testimonios que, indudablemente, comprometen nombres y reputaciones “intocables” y que no necesariamente  o en forma exclusiva deben ser militares.

El fondo del proceso no se ha tocado porque no se ha llegado a la certeza o presunción de responsabilidades en los asesinatos ligados al caso. Tanto las autoridades como los imputados no preguntan ni responden asuntos relacionados con esos crímenes. Nadie quiere investigar o esclarecer por qué se produjeron esas muertes y quién o quienes cometieron los asesinatos. Es una carga que nadie quiere llevar porque esas víctimas están enterradas pero parece que, aún así, pesan demasiado.