El presidente de la Federación Internacional de Colegios de Abogados de las Antillas (FICAA), Deómedes Olivares, calificó ayer como “muy grave” la denuncia hecha por el presidente del Colegio de Abogados, José Fernando Pérez Vólquez, de que  el 80 por ciento de las medidas de coerción que imponen los jueces de la Instrucción del Distrito Nacional corresponde a prisión preventiva.

“La prisión debe ser la excepción y la libertad la regla”, precisó.

Expresó que los jueces están para aplicar la ley adecuadamente.

Dijo que entiende que esa situación debe provocar  una revisión del aparato judicial.

“Son muchas las medidas alternativas que plantea la ley”, recordó.