Representantes de varias entidades rechazaron  la intención de aumentar las penas a menores en conflicto con la ley alegando que se trata de una solución inadecuada para  un problema complejo como la criminalidad juvenil.

Asimismo criticaron la falta de ejecución de los  mecanismos de reeducación, protección  y aseguramiento de los menores en situación vulnerable.

En el panel hablaron del tema representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), del Consejo  para Asuntos de la Niñez (Conani), de la Oficina de  la  Defensoría Pública, del Centro Juan XXIII y la Asociación Dominicana de  Derecho Procesal.

Servio Tulio Castaños, vicepresidente  de Finjus, consideró que el Estado ha sido ineficaz  en el cumplimiento  de  la Convención Internacional de los Derechos del Niño porque no adoptó las políticas de protección a la niñez.

Entiende que el proyecto de endurecimiento de penas aprobado en la Cámara de Diputados obvia lo que plantea la Constitución, que concibe a los niños y adolescentes como personas en formación a los que el Estado tiene que proteger para que, entre otras cosas, no sean objeto de explotación por adultos delincuentes.

 En tanto Laura Hernández, directora de la Oficina de Defensoría Pública, criticó que el proyecto quita peso al acta de nacimiento como indicador  de la edad del menor y por otro lado otorga mayor valor probatorio a la evaluación  ósea   del individuo, cuando el desarrollo físico de una persona a otra puede variar.

Dijo  que ese proyecto constituye un retroceso en los pocos avances en la  aplicación  de una justicia democrática para los adolescentes.

En tanto,  Manuel Olivero, del Centro Juan XXIII,  expresó que el Código del Menor contiene como objetivo primario  la protección de la infancia y la adolescencia y sin embargo no se han creado  albergues para alejar a los menores de los lugares donde pueden ser inducidos por delincuentes, no se implementan programas de educación técnico vocacional  ni  se establece  responsabilidad civil para los tutores.  

Abogó porque se corrijan los vacíos en términos  legales, tras considerar que la prisión debe ser el último recurso a aplicar para los menores que delinquen.

“Para poder hablar de la reeducación y reinserción hay que aportar los mecanismos y los recursos para que esto se pueda implementar”, dijo Olivero.

De su lado Ricardo Rojas León, de la Asociación de Derecho Procesal, expresó que el país se expone a ser sancionado por violentar  convenios  internacionales  y además se colocaría como el segundo con mayores penas para los menores en conflictos de ley.

“Triplicar las penas implica aceptar el fracaso del sistema de protección de niños y adolescentes en el país”, expresó.

Insistió  en que la privación de libertad debe ser medida excepcional y guardar relación con la rehabilitación del individuo infractor. 

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Tapar los hoyos

Para el abogado Nassef Perdomo con el proyecto de aumentar las penas se busca  tapar los hoyos dejados por la falta de implementación de un sistema realmente protector  para los niños y adolescentes. Consideró que con esto no se logrará disuadir a los menores que son inducidos por adultos a cometer delitos.

No castiga adultos

Criticó que la iniciativa no incorpore un tipo penal  para los adultos que usan a los adolescentes.