Diez instituciones del país ligadas al sector de la construcción afirmaron ayer que los ajustes a los precios de las viviendas de bajo costo establecidos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contravienen las leyes y decretos que norman la valoración de la vivienda de bajo costo.

Se trata de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (Aba), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (Lidaap), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao, la Asociación de Sociedades Fiduciarias Dominicanas, la Asociación Dominicana de Productores de Cemento y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana.

Sostienen que la medida ilegal adoptada por la DGII aleja a miles de familias dominicanas de las posibilidades de acceder a viviendas propias y les da una estocada a los sectores construcción, financiero y fiduciario.

Entienden que la DGII viola las disposiciones del Código Tributario, de la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, y el decreto 359-12 sobre acreditación de proyectos de viviendas de bajo costo.

Señalan que el citado decreto establece que el cálculo a realizarse para determinar el valor máximo de las viviendas de bajo costo debe tomar el 2009, pero que la DGII realiza el cálculo a partir del 2011.

Expresaron que de conformidad con el decreto 359-12, el precio tope de viviendas de bajo costo que pueden beneficiarse de los incentivos de la ley 189-11 es de RD$2,829,572.35, mientras la DGII considera que el tope es de RD$2,307,060.92.

Consideran que lo dispuesto por las leyes y el decreto del valor de la vivienda de bajo costo es fundamental para la disminución del déficit habitacional, pues los adquirientes de ese tipo de viviendas tienen derecho a recibir un bono de parte del Estado.

Estiman que el gobierno, a través del Ministerio de la presidencia, del Banco Central y del Banco de Reservas, está haciendo aportes fundamentales al sector de la construcción, pero la DGII toma medidas en contra del propio gobierno llevándolo a la ilegalidad.

“La voracidad tributaria no puede trascender los límites y procedimientos trazados por nuestra leyes”, dijo el presidente de Acoprovi, Héctor Bretón, quien fue el vocero en la rueda de prensa celebrada en el restaurante Scherezade.

Expresaron que mientras el presidente Danilo Medina, mediante el decreto 153-13, estableció en el 2013 el valor de RD$2,400,000, el Banco Central y la Junta Monetaria lo consideren de RD$2,400,000, la DGII establece un monto menor.

La DGII aún está a tiempo de enmendar el error, evitando así perjudicar a las familias que se han esforzado para adquirir una vivienda.