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POR ELIAS RUIZ MATUK
Más de 80 organizaciones de los municipios Santo Domingo Norte y Este solicitaron a la Junta Central Electoral (JCE) la reposición inmediata de Luis Felipe Rodríguez, suspendido como oficial de la Duodécima Circunscripción luego que denunciara la operación de mafias en distintas oficialías.
En una carta enviada al presidente de la JCE, magistrado Luis Arias, organizaciones como la Asociación Pro Bienestar de la Familia (PROFAMILIA), Visión Mundial y las Cámaras de Comercio y Empresarial de Santo Domingo Norte y Sabana Perdida, así como distintas juntas de la zona, pidieron también que se investiguen las graves denuncias de Rodríguez.
En la comunicación, enviada también a los demás miembros del pleno de la JCE, fechada el pasado viernes 5 de octubre, las organizaciones dicen ser testigos de la labor altruista y tesonera que a favor de los desposeídos venía realizando Rodríguez con la declaración gratuita de niños y adultos que no tenían recursos suficientes para pagar estos procesos.
«Somos fieles testigos de la labor altruista y tesonera que a favor de los desposeídos venía realizando el indicado funcionario, en lo relativo a la declaración gratuita de niños y adultos que no tenían los recursos suficientes para pagar por estos procesos», expresa el documento.
Agregan que más de 500 declaraciones de actas de nacimiento fueron obtenidas con las facilidades otorgadas por el funcionario y con la colaboración de organizaciones como Visión Mundial, Acción Comunitaria por el Progreso (ACOPRO) y las juntas de vecinos del municipio Santo Domingo Norte.
«Exigimos la reposición inmediata de dicho funcionario y que se investigue esta grave denuncia», afirman.
Recientemente el presidente de la Cámara Contenciosa de la JCE, Salvador Ramos, admitió que hay desorganización en las oficialías del Estado Civil y atribuyó ese desorden a la propia naturaleza de la creación del Registro Civil.
Negó que los miembros de la JCE «se rifen» las oficialías como denunció Rodríguez y afirmó que esa acusación debe ser probada por quien lo alegue o lo establezca.
Ramos Consideró «discutible» que el Ministerio Público como dependencia del Poder Ejecutivo intervenga en las oficialías, aunque precisó que la JCE no tiene nada que ocultar, ya que todos sus actos están bajo transparencia.
El pleno de la JCE habría ordenado una investigación sobre las referidas denuncias, a fin de determinar las supuestas irregularidades dichas por Rodríguez, para luego, partiendo del informe, decidir sobre las sanciones que correspondan.
