Oxfam y Casa Ya identificaron RD$81,000 millones en gastos no prioritarios del Gobierno, equivalentes al 2.2% del PIB, por lo que demandaron la reorientación de parte de esos recursos hacia la construcción y mejora de viviendas.
Para que se priorice la inversión en el sector, las entidades iniciaron ayer una campaña a fin de que el Gobierno destine el 1% del PIB durante 10 años consecutivos a partir del 2018 a fin de corregir el déficit habitacional que asciende a 2,190,377 viviendas. De estas, 1,333,545 carecen de servicios básicos o deben ser reparadas.
Bajo el lema “Uno para todos y todas por el uno”, las entidades afirmaron que las carencias de viviendas a nivel cuantitativo o cualitativo afecta al 71% de la población.
Plantean que se priorice las 8,000 personas que aún viven como damnificadas por fenómenos naturales desde hace décadas, como el ciclón David que afectó al país en el 1979.
Del tema hablaron a HOY, Raúl del Río, director de Oxfam en el país; Rafael Jovine, economista y Fátima Lorenzo Mencía, directora de Ciudad Alternativa.
Los gastos. De acuerdo a un estudio detallado, las entidades identificaron malos gastos del Gobierno a través de la corrupción, instituciones duplicadas, gasto excesivo de propaganda, partidas para uso discrecional, entre otros.
Jovine explicó que la corrupción anualmente representa el 0.8% del PIB, una suma de RD$28,650 millones.
Dijo que a esta cifra llegaron al analizar 100 casos denunciados en los últimos 15 años. Estima que la cifra puede ser mayor de ahí, ya que solo se tomaron en cuenta casos que se hicieron públicos.
En botellas o personas que cobran sin trabajar en los diferentes poderes del Estado, la investigación arrojó que se dispersa el 0.6% del PIB, alrededor de RD$23,000 millones.

También determinaron la existencia de 50 instituciones duplicadas en las cuales se gasta el 0.4% del PIB, equivalentes a RD$13,000 millones.
Entre estas citaron la Liga Municipal Dominicana (LMD) , las comisiones Permanente de Desarrollo Barrial y Provincial la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y varias más.
Otras partidas que pueden ser objetivo de un uso clientelar están la publicidad, propaganda, los viáticos y el 5% de los ingresos corrientes a disposición del Presidente de la República.
Jovine plantea que en estos renglones se puede reducir el gasto en RD$9,000 millones. También enumeró que las transferencias del sector eléctrico, las cuales pueden ser reducidas en RD$7,000 millones.
“Hay un volumen de recursos mucho mayor que el que estamos proponiendo”, expresó Jovine, al destacar que el 1% del PIB para viviendas equivale a la mitad del malgasto en los renglones citados.
Baja asignación. Mientras se gastan esos recursos, el sector vivienda ve reducido su presupuesto cada año al colocar actualmente en un 0.03% del PIB, señaló Del Río, lo cual no se corresponde con el déficit habitacional que persiste.
Del Río y Jovine criticaron que el Estado gasta tres veces más en publicidad y propaganda que en vivienda y cuatro veces más en viáticos que en ese renglón social.
Jovine citó que tan solo con la reorganización del sector vivienda donde existe dispersión y varias entidades, se ahorrarían cuantiosos recursos.
Citó que el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) que este año solo podrá construir 250 viviendas, cuatro veces menos que el año pasado.
Sin embargo el Institución Nacional de Auxilios y Viviendas (Inavi) tiene RD$190 millones para gastos corrientes, más que lo que tiene el Invi para construir.
Criticó la existencia además de otros organismos en el sector vivienda como Civivienda, la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita (Urbe), Viceministerio de Hábitat, el Comité de Fideicomiso y Obras Públicas.
Servicios. Del Río entiende que un elemento urgente es el acceso al agua dentro de las viviendas, renglón en el cual el país está rezagado. “No solo es la construcción de una vivienda, sino esas características que necesitan para ser considerada como vivienda digna”, dijo.
Fideicomiso. Con relación al fideicomiso para la construcción de viviendas que ha impulsado el Gobierno, Lorenzo dijo que está dirigido a la clase media, pues para acceder al mismo se pide un ingreso en promedio tres salarios mínimos, cuando ese sueldo no lo gana el 80% de la población.
Indicó además que se pide a las personas tener ahorros y empleo en el sector formal cuando la mayoría trabaja en la informalidad y con una alta carga para cubrir necesidades básicas.
Entiende que para favorecer a la población más necesitada, la política de vivienda debe ser pública desde el Estado y no desde el sector público.
Del Río dijo que no se oponen al fideicomiso, pero es que este no responde al problema que afronta la mayoría de la población.