El Gobierno fracasó en la implementación de una verdadera política social y de derechos durante el 2024, como prevención de la violencia de género, la seguridad ciudadana, el derecho a la educación sexual y la prevención de los embarazos en adolescentes, con lo que se evitarían los traumas relacionados.

Así lo definen organizaciones y espacios de articulación como al Foro Ciudadano, al Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, la Red Urbano Popular, el Consorcio de Economía Solidaria Urbano Rural, el Movimiento Justicia Fiscal, el Foro Feminista Magaly Pineda, la Coordinadora Popular Nacional, impulsaron y articularon sus agendas sociales y desarrollaron acciones académicas, reivindicativas, de concertación y diálogo con autoridades, congresuales e instituciones del Estado.

Al reflexionar sobre el particular, el director de Ciudad Alternativa, Ricardo González, deplora que el Gobierno optara por implementar políticas clientelares que en nada contribuyeron a disminuir la pobreza, al tiempo que plantea la agenda pendiente para el recién iniciado año 2025 en la que se deberá tomar en cuentas los puntos citados anteriormente.

Subraya como fundamental para 2025 la promulgación del plan decenal de vivienda y su puesta en marcha, así como la asignación de fondos para el desarrollo de los programas dirigidos a reducir las vulnerabilidades ambientales y socialmente construidas. Además, frenar los desalojos forzosos con mecanismos e instrumentos legales emanados del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.

Subraya como otro punto de la agenda la instalación del diálogo institucional entre la sociedad civil, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y los actores interesados en una reforma de la Ley de Seguridad Social 87-01.

Esto, precisa, con la finalidad de devolverle su propósito original de garantizar el derecho a la ciudadanía de acceder a los servicios de salud y seguridad social, quitándole los vicios de negocios para que garantice derechos.