Hoy 
POR RAFAEL ARACENA V.
LA VEGA.- Numerosas organizaciones internacionales enviaron una carta al Gobierno Dominicano, en la que se oponen a la construcción de la presa de Guaigüí, sobre el río Camú, cuyo proceso consideran abusivo y violatorio a los derechos humanos.
La comunicación es extensiva a la embajada de Noruega en Venezuela, al Banco ABNAMRO y a la Agencia de Crédito a la Exportación de Noruega, las dos últimas vinculadas al proyecto. A estas entidades y al Gobierno nacional les señalan que el proceso de construcción de esa presa se caracteriza por los abusos, la desinformación, falta de transparencia, corrupción y violación a los derechos humanos de los campesinos residentes en la zona de influencia del embalse.
Afirman que se ha incurrido en anomalías, entre las que señalan alegadas violaciones al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Derecho al Desarrollo, postulados por la ONU, aprobados por esta misma institución en la conferencia de Río de Janeiro en 1992: Los Principios Sobre Medio Ambiente.
Entre las entidades firmantes
de la misiva figuran el Colectivo Cortamortaja, Educación para la Paz (EDUPAZ), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).
También, Comité Pro Defensa de Areediano, AC, Fundación Find, AC, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos -MAPDER-, todos ubicados en diferentes regiones de México.
Asimismo, Mesa Global, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECOAM), Frente Nacional Guatemalteco Contra las Represas y en Defensa del Agua, Coordinadora Municipal de Seguimiento al TLC y Megaproyectos del Municipio de Ixcán, de Guatemala.
Todas expresan apoyo a la lucha que libra el Comité de Defensa de los Derechos y el Medio Ambiente de Guaigüí contra la pretensión de unos pocos que buscan su propio beneficio, a costa del desplazamiento forzoso de la población campesina, que por varias generaciones vive en esa parte de la cuenca alta del río Camú. Critican a las autoridades dominicanas, por su presunta falta de atención a las insistentes demandas de justicia que, a través del Comité de Defensa, hacen los afectados por el levantamiento de la presa, aunque conocen la solicitud de asistencia legal interpuesta desde julio del 2005.
Asimismo, acusan a quienes conducen el proceso del proyecto de irrespetar las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas, de violar las normas operativas del Banco Mundial sobre reubicación involuntaria de las poblaciones humanas, así como el artículo 39 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente.
Revela que estudios realizados en el área donde se construye la obra muestran que el proyecto original de la presa de Guaigüí ha cambiado su objetivo, para convertirse en una opción de carácter turístico.
Añade que esto se hizo para complacer la voracidad de un grupo de empresarios, a los que no les interesa el interés comunitario ni de los afectados directos.
