La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el comité de Seguimiento del Foro Ciudadano lamentaron ayer que la Junta Central Electoral (JCE) haya declinado tomar decisiones respecto al uso de los recursos del Estado por los partidos políticos en la campaña electoral a pesar de que la Ley la facultad para ello.

Solicitaron a la JCE que asuma de manera plena toda la autoridad y competencias que le confieren la Ley Electoral y la Constitución de la República, con lo que garantizaría una oportuna actuación ante las prácticas incorrectas en la campaña electoral.

Las dos organizaciones indicaron que la Ley Electoral en su artículo 47, párrafo segundo, prohíbe a los partidos políticos, a sus dirigentes, militantes o relacionados, recibir exoneraciones, donaciones o regalos de parte de cualesquiera de los poderes del Estado o de los ayuntamientos, directamente o bajo cualquier mecanismo jurídico, así como beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado para realizar sus actividades proselitistas o sostenerse, salvo la contribución electoral señalada en la presente ley».

Asimismo, señalan que la ley consagra que «la JCE tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto de cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado».

En ese mismo sentido, la Coalición por la Transparencia y el Comité de Seguimiento del Foro Ciudadano destacaron la necesidad de que la JCE supervise de manera más directa la propaganda y publicidad de los partidos políticos, evitando que la misma violente las disposiciones de la Ley Electoral y del Reglamento sobre Propaganda emitido por la propia Junta.

Dijeron que la Ley Electoral en su artículo 94, letra d, establece que «durante el período electoral ninguna agrupación o partido político podrá usar frases ni emitir conceptos, por cualquier medio de difusión, contrario a la decencia, al decoro y a la dignidad de las agrupaciones o partidos políticos adversos o a sus candidatos.

Señalaron que la JCE está investida de la facultad de dar amonestaciones a las agrupaciones o partidos políticos que violen esta norma de la propaganda, con derecho a requerir de la persona o empresa de divulgación o comunicación de masas la identificación de la entidad política o su representante que autorizó a efectuar tal publicación y publicar el desagravio o desmentido correspondiente según la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento.

De igual modo, la JCE debe garantizar a los diferentes partidos políticos que tienen candidaturas aprobadas, el acceso a los medios de comunicación del Estado en condiciones equitativas, tal y como la plantea la Ley Electoral en su artículo 94, letra c), indicaron.

Rechazaron lo que llamaron los obstáculos que hasta el momento se pusieron en Radio Televisión Dominicana en la colocación de la propaganda de algunos candidatos y pidieron a la JCE ejercer toda su autoridad en este aspecto.

Plantearon que sólo una actuación responsable y decidida de la Junta fortalecerá su imagen y la confianza que tiene la ciudadanía y los diferentes actores del proceso político.

El documento de la Coalición está firmado por 16 instituciones de la sociedad civil, entre las que están Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Acción para la Educación Básica, Coordinadora Barrial Don Bosco (CondonBosco), Centro Antonio Montesinos, Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias y la Asociación de Abogados Empresariales.

También, Centro de Investigaciones Económicas del Caribe, Centro de Planificación y Acción Ecuménica, Centro para la Gobernabilidad Democrática, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Fundación Institucionalidad y Justicia, Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Instituto Nacional de la Salud, Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo, Pastoral Cristiana de Derechos Humanos y Participación Ciudadana.