Hoy 
El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Rolando Rosado Mateo; la presidenta del Consejo Nacional de Drogas (CND), Mabel Féliz y los directivos de Casa Abierta, Radhamés de la Rosa, y de Hogares Crea, Leopoldo Díaz, externaron ayer su oposición a una posible modificación al artículo 33 de la ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, tras indicar que afectaría seriamente la lucha contra ese flagelo.
Las consideraciones fueron externadas en una reunión con la Comisión de Ministerio Público de la Cámara de Diputados, que preside el congresista oficialista Carlos Guzmán, en la cual se trataba de lograr un consenso en torno a la propuesta legislativa que persigue hacer una redistribución a favor de la procuraduría general de la República de los recursos y bienes decomisados a los imputados de estos hechos delictivos para ser invertidos en mejorar el sistema carcelario.
El presidente de la DNCD declaró que la crisis financiera por la que atraviesa la institución ha impedido, inclusive, pagar a sus miembros el salario correspondiente al mes de abril.
No obstante, Rolando Mateo anunció que ese pago se realizará hoy jueves.
De igual manera, el mayor general precisó que el presupuesto de la institución es de 34 millones de pesos mensuales, o sea unos 428 millones al año, lo que resulta insuficiente.
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Propuesta
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, presentó a la cámara baja un anteproyecto de ley de modificación a la legislación 72-02, a fin de que un 25% de los recursos decomisados a los imputados de estos hechos sean destinados a la Procuraduría General; un 25% para CND y para DNCD. Además, estipula un 15% para las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la prevención de la problemática y un 10% para el deporte.
