La Coalición ONG  Sida y la Red de Personas que viven con Sida  (Redovih) pidieron  al Gobierno que busque  la contrapartida de US$3 millones para la compra de medicamentos en cantidad y calidad.

De su lado, la oficial del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida,  Ana Navarro, dijo que  en los próximos tres años el país no tendrá dinero donado por el Fondo Global, por lo que considera que llegó la hora de expresar la voluntad política a favor de un compromiso con la salud.

Si el país no aporta los fondos para las contrapartidas requeridas por organismos internacionales, la vida de por lo menos 17,500 personas que reciben medicamentos corre peligro, aseguran miembros de la Coalición ONG Sida.

Dulce Almonte, representante de Redovih, aseguró que el país lleva años dependiendo de las donaciones internacionales y aseguró que llegó la hora de que el Estado deje de eludir su responsabilidad con la sociedad y con los propios pacientes. Nicomedes (Pepe) Castro, de la Coalición ONG Sida, aseguró que las organizaciones de la sociedad civil se organizan para exigir que el Estado cumpla con el 40% de la responsabilidad económica en la compra de antiretrovirales y la analítica de las personas afectadas.

Los dos activistas aseguran que en este momento, como no se cumple la ley 87-01 de Seguridad Social en materia de cobertura de medicamentos y analítica para los afiliados del régimen contributivo, a esas personas que trabajan también se les financia su tratamiento con las donaciones internacionales.

La situación es mucho más seria de lo que parece, pues en los próximos tres años, el Estado deberá asumir el 90% de financiamiento en la lucha contra el sida, asegura la representante de Onusida.

El Fondo Global, entidad que maneja los recursos para el control y prevención del sida en el mundo, realizó importantes recortes de fondos para el año 2012 a la República Dominicana, pero a juicio de los representantes de la sociedad civil, esa situación se veía venir, ya que el país registra una estabilidad macroeconómica sostenible que lo convierte en no elegible para ciertas donaciones.

El país debe responder con la contrapartida para la compra de antirretrovirales, y, además, otorgando las partidas para la educación, la información y comunicación.