POR ODALIS MEJIA
Treinta entidades de Santiago planean la construcción de 2,000 viviendas en 300,000 metros cuadrados en el suroeste de esa ciudad a un costo unitario de RD$300,307, como parte de un proyecto de reubicación de familias que habitan en zonas vulnerables y de riesgo.
Las entidades, agrupadas en Santiago Solidario, recuerdan que en esa provincia hay 15,000 viviendas marginadas, sin servicios básicos y con alto riesgo al estar construidas en terrenos no urbanizables a orillas de cañadas, ríos, barrancos y debajo de puentes.
Propusieron que los terrenos sean declarados de utilidad pública o que sean readquiridos si son municipales o del Estado.
Los proponentes del proyecto señalan que Santiago está expuesto al riesgo asociado a los desastres naturales y que además gradualmente se han formado asentamientos humanos, resultado de la ocupación de tierras no controladas, ubicadas hacia la periferia o en terrenos de alto riesgo con altas densidades, hacinamiento y carencia de servicios.
Se han identificado áreas potencialmente peligrosas desde el punto de vista de las inundaciones, riesgo sísmico, licuación y deslizamiento de suelos. La ciudad de Santiago vive en estos momentos una crisis de una urbanización informal y excluyente, generada por la migración interna rural-urbana, expresa el informe.
El programa que está denominado Proyecto Reubicación Digna de Familias en Zonas de Riesgo construirá en su primera etapa 1,500 viviendas en 110 metros cuadrados cada una y estarán constituidas por sala-comedor, tres dormitorios, cocina, baño, galería, un lavadero y techo de aluzinc. Las restantes 500 viviendas serían construida por el gobierno, tal como anunció el presidente Leonel Fernández
Las viviendas estarían construidas en la urbanización Padre Dubert, la cual contendrá una escuela, una iglesia, un centro de atención primaria y un club deportivo y cultural.
Los recursos para el proyecto provendrían del gobierno central y las entidades integrantes de Santiago Solidario, de fondos relacionados con el superávit presupuestario, el Ayuntamiento de Santiago, el Instituto Agrario Dominicano, Naciones Unidas, Agencia Española de Cooperación Internacional y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo.
También se plantea que el levantamiento de las obras implica la autogestión y participación de la comunidad en las labores de construcción, lo que significa que las comunidades beneficiarias deberán integrarse aportando mano de obra y una proporción de los fondos necesarios para la construcción, cuyo tome no fue especificado.
El aporte municipal y del gobierno se circunscribe además en el equipamiento y la infraestructura de servicios, como construcción de calles y contenes, agua potable, alcantarillado sanitario, recolección pluvial y acceso a teléfonos y cables.