Entidades proponen agenda desarrollo

Entidades proponen agenda desarrollo

El Foro Ciudadano y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, dos espacios de la Sociedad Civil, presentó ayer a los técnicos de los partidos políticos una propuesta de agenda de desarrollo enfocada en siete temas.

En un encuentro en INTEC estuvieron los técnicos de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano (PRSC), Nueva Alternativa, Revolucionario Independiente, y Movimiento Solidaridad Nacional.

La agenda con los temas sobre políticas sociales y de erradicación de la pobreza, educación, políticas, económicas, lucha contra la corrupción y por la transparencia, salud y seguridad social, relaciones Estado-Sociedad Civil y reforma e institucionalización del Estado, será presentada a los candidatos presidenciales de los partidos políticos y sus técnicos, en una reunión pautada para el 28 de abril próximo.

En la reunión de ayer estuvieron representados por la sociedad civil, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Centro Estudios Sociales Padre Montalvo y Centro Antonio Montesinos. La agenda propositiva de la Sociedad Civil plantea en las políticas sociales y erradicación de la pobreza, que se debe reconocer que la lucha contra la pobreza debe formar parte de un plan nacional de desarrollo que fomente inversión, formulado con la participación de la ciudadana, reestructurar el gasto público de forma que se le otorgue prioridad a la salud, educación, seguridad social, y que se focalice en la población más vulnerable y llevando la proporción de la inversión por lo menos al 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el área de la educación propone que se asuma la educación como prioridad nacional y ejecutar el Plan de Desarrollo de la Educación Dominicana y en la salud, transformación de los mecanismos de subsidio del Estado hacia un modelo de subsidio focalizado a las personas de escasos recursos y no un subsidio general a las instituciones que ofrecen los servicios, favoreciendo el control social, la visibilidad y transparencia de los resultados y la eficiente utilización de los recursos, tal y como lo disponen las leyes; general de salud y la que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

En lo que respecta a las políticas económicas proponen declarar de prioridad nacional el restablecimiento y mantenimiento de la estabilidad macroeconómica «a esos fines, se hace un llamado para que se alcance un acuerdo político al más alto nivel, con objeto de que se suscriba un pacto por la gobernabilidad que garantice estabilidad y crecimiento.

También pedir a las autoridades que busquen alternativas viables al problema del déficit y acumulación de certificados del Banco Central, dentro de mecanismos de mercado: preservar la necesidad de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea preservado y cumplido como instrumento útil en corto plazo para el retorno de la disciplina fiscal y monetaria, , por ende, de la confianza y reclamar que el gasto corriente quede limitado al tope del 70% del gasto total, solicitar que el sector público acoja y ejecute las propuestas del informe de la Comisión de Adecuación de la Nómina Pública con objeto de eliminar la duplicación de funciones y mejorar la eficiencia institucional.

Asimismo en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción y la transparencia proponen impulsar la aprobación en la segunda legislatura del 2004 (agosto-noviembre), de los proyectos de leyes anticorrupción y por la transparencia, los cuales han sido aprobados ya en primera lectura o sobre los cuales existe un gran consenso: ley de acceso a la información pública, ley que crea la Oficina Nacional de Prevención e Investigación de la Corrupción, que sustituye al proyecto de ley de Fiscalía Nacional Anticorrupción, Ley de Contrataciones de obras, bienes y servicios y concesiones, ley de participación social, ley de declaraciones juradas de bienes, que modificará la ley 82-79 y la ley que fortalece a la Contraloría General de la República.

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