Dos entidades de derechos humanos pidieron ayer al Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, solicitar a las fiscalías enviar a su despacho las miles de armas de fuego retenidas en sus depósitos por violaciones a las leyes y de esa forma haya un mayor control.

La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Desacatados (Afamidesa) y la Defensoría de Los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Dedein) afirman que esas pruebas han sido incautadas por violencia de género, robos, secuestros, homicidios y otros delitos y en su mayoría son de porte y tenencia ilegal.

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El vocero de las entidades José A. Thomas, apuntan que muchas tienen hasta diez años engavetadas y en su mayoría dañadas ya, porque no reciben el mantenimiento adecuado del personal a su cargo.

Sugirió subastar las armas después de que hayan sido depuradas y los culpables condenados y así evitar pérdidas innecesarias.