Entidades rechazan Bagrícola maneje depósitos de alquileres

29_03_2019 HOY_VIERNES_290319_ El País11 A

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), decenas de asociaciones, federaciones de la construcción y promotores de viviendas emitieron su rotundo rechazo a que el Banco Agrícola sea el receptor de los depósitos de alquileres que pagan los inquilinos de casas, apartamentos y locales comerciales, como se propone en el proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, en el que ayer se escucharon las críticas a la iniciativa durante una vista pública en la Cámara de Diputados.
En tanto, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) plantea que el alquiler de naves de zonas francas queden exentos de esta ley.
La Procuraduría General de la República también se pronunció respecto al proyecto de ley, señalando que la ley se haga más flexible.

Varias entidades respaldan la creación de un tribunal especializado para el tema de los arrendamientos de viviendas y la forma de terminación del contrato.
El tema lo conoció la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, que llamó a los sectores a dar su opinión en una reunión en el Salón de la Asamblea del Congreso, para intentar socializar la iniciativa y contrarrestar las oposiciones encontradas.
Doce de los 15 diputados que integran la comisión que preside el diputado Henry Merán anotaron las observaciones llevadas al Congreso.
El proyecto es de los diputados Merán y Demóstenes Martínez, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La postura del Conep la presentó su vicepresidente ejecutivo, César Dargam, y planteó que en lugar de entregar los depósitos de los alquileres al Banco Agrícola, se especialice un “fondo, destinado al sector vivienda”, que permita contribuir a reducir el déficit habitacional. El Conep solicitó que la ley se concentre en regular el alquiler de la vivienda.
Finjus. En un documento que entregó el vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad empresarial suscribió al planteamiento de crear un “Comité Técnico Interinstitucional” que revise y haga consenso del proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles; actualizar la legislación y establecer un mecanismo más efectivo para los procesos de desalojo, garantizando el respecto a los derechos de las partes.
Abogó por el clima de la seguridad jurídica y el fomento a la inversión en viviendas para aumentar la calidad y la oferta inmobiliaria.
Procuraduría. La posición del Ministerio Público, expuesta por la procuradora Marien Montero Beard, es que se haga una Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios con mayor equilibrio entre los actores de la relación contractual, en ánimo de preservar las prerrogativas del derecho fundamental de propiedad.
Montero Beard favoreció la iniciativa del gerente inmobiliario Manuel Olivo, indicando que debería ser pensada su propuesta de que se cree un Ministerio de la Vivienda que regule todo el tema del alquiler, los cobros y el desalojo.
La representante ministerial manifestó que la procuraduría reestructura las funciones del Departamento de Control de Alquileres, para mejorar el servicio a la ciudadanía.