POR SANTIAGO GONZÁLEZ
SANTIAGO.- Organizaciones empresariales y sindicales consideraron ayer que el gobierno ha diseñado un sistema para el cobro de la energía que penaliza el consumo a los usuarios que pagan el servicio, por lo cual condenaron el aumento de 8% a la tarifa eléctrica. De igual forma, expresaron preocupación por los aumentos desproporcionado en los precios de los alimentos como consecuencia de la ampliación de la base del ITBIS, medida contenida en la ley de Reforma Tributaria.

En el caso de la energía electrica reconocieron que aunque se penaliza el consumo, por primera vez en los últimos cinco años se han diferenciado los escalones de consumo.

Mario Abreu, presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Santiago (AMAPROSAN), Iván Reynoso, director ejecutivo de La Cámara de Comercio y Producción, Sergio Santana, ex presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas (FENACODEP) y Ramón Ferreiras, del Colectivo de Organizaciones Populares, ven como preocupante esa decisión comenzando el año.

Estiman que las autoridades han basado la sostenibilidad del mercado eléctrico en los subsidios y por esa vía no se hará sostenible, estable y competitivo el sistema energético.

Entrevistados por separado, los dirigentes del comercio, la industria y populares coincidieron en afirmar que el mercado eléctrico caracterizado por energía disponible, que tiene generación para entregar a los usuarios, no puede estar basado en una tarifa que dependa de los precios del petróleo y el dólar.

«Nosotros tenemos que crear un sistema que permita vender la energía a los usuarios que la pagan, no que se penalice a los clientes que sí cumplen su compromiso de pago», afirmó Iván Reynoso.

Mientras que los comerciantes entienden que con las anunciadas tarifas sus clientes van a tener que pagar más, porque ese costo se traspasa a los productos. «Este es un duro golpe porque cada día, en términos de lo que es la producción, el comercio y la empresa las cosas se nos ponen cada vez más difícil», aseguró Mario Abreu, presidente de Amaprosan.

Indica que el comercio y la empresa han sido afectadas con este incremento del ocho por ciento que se anuncia en la tarifa de electricidad, lo que unido a los aumentos de la base del Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) será una carga muy pesada para empresarios y comerciantes, aunque los más atropellados son los desposeídos.

Al condenar los incrementos del ocho por ciento en la tarifa de electricidad indican que este nuevo aumento, aparte de que se le brinda un mal servicio a la ciudadanía, se refleja en los costos de las empresas que se lo transfieren a los productos.

«No vemos una salida que venga a compensar esta nueva situación, pero eso se ha dado continuamente, reflejándose esa situación en costos adicionales que se refleja en los productos de mayor consumo», dijo Santana.

Afirmó que con la entrada en vigencia desde el día primero de la Reforma Fiscal la electricidad ha aumentado por el impuesto que dispusieron para los combustibles.

«Las empresas se han limitado al 16 por ciento de los gravámenes de los productos de consumo, pero junto con la electricidad y los productos también viene un incremento en el ron, los cigarrillos y las cervezas, pese a que eso no es prioritario, pero eso ha sido afectado por la reforma», dijo.

Condenó que productos grabados con el ITBIS hayan incrementado sus precios y mencionó entre estos el arenque, las pastas dentales, el bacalao, entre otros. En cambio, Ramón Ferreiras, dirigente del Colectivo de Organizaciones Populares, afirmó que los nuevos impuestos y el aumento en la factura eléctrica es el paquetazo fiscal dispuesto políticamente para satisfacer las peticiones del Fondo Monetario Internacional.

Cree que ahora la gente pagará menos energía y criticó que mientras eso ocurre los apagones se han incrementado.